Juan Cruz Gorosito
Una importante investigación federal por un presunto fraude en la tramitación de pensiones por invalidez tuvo un nuevo capítulo esta semana con una serie de allanamientos realizados en las localidades de El Quebrachal, Joaquín V. González y Gaona. Entre los lugares intervenidos se encuentra el hospital Enrique Romero de El Quebrachal, donde desde las primeras horas de la jornada trabajó personal de Gendarmería Nacional.
La causa es impulsada por la Justicia Federal y busca determinar la existencia de una supuesta organización dedicada a obtener beneficios previsionales mediante la falsificación de certificados médicos, estudios clínicos y documentación relacionada con discapacidades e incapacidades laborales.
Según trascendió, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024 y, con el avance de las pesquisas, se logró reunir evidencia mediante escuchas telefónicas, tareas de inteligencia, análisis documentales y peritajes informáticos.
Los allanamientos forman parte de una segunda etapa de la investigación y fueron autorizados por el Juzgado Federal de Garantías N° 2. En total se concretaron nueve procedimientos y varias requisas personales y vehiculares en distintos puntos del departamento Anta.
Durante los operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, certificados médicos, resultados de análisis clínicos y documentación vinculada con expedientes de pensiones bajo sospecha. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Federal para su análisis.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la maniobra habría involucrado a profesionales de la salud y personas vinculadas con distintos niveles de la administración pública. La estructura funcionaría mediante la confección de documentación médica irregular destinada a justificar incapacidades inexistentes y facilitar el acceso a beneficios económicos del Estado.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que entre los elementos secuestrados figuran radiografías de distintas personas, algunas con espacios en blanco para completar datos de pacientes, además de estudios clínicos presuntamente reutilizados en múltiples expedientes.
La pesquisa también apunta a determinar la posible participación de médicos, bioquímicos, enfermeros y exfuncionarios en la confección y validación de la documentación investigada. Hasta el momento no trascendieron nuevas imputaciones formales derivadas de esta última serie de allanamientos, aunque la Justicia analiza la evidencia recolectada y no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Mientras avanza la investigación, los procedimientos realizados en el Hospital Enrique Romero y otras dependencias de la zona generaron fuerte repercusión en el departamento Anta, donde la causa continúa bajo estricta reserva judicial.
