Juan Cruz Gorosito
La crisis política en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que el presidente Rodrigo Paz acusara a “narcoterroristas” de promover las protestas y bloqueos que desde hace más de cinco semanas afectan a distintas regiones del país y exigen su renuncia.
Durante un acto oficial en el Palacio de Gobierno, el mandatario lanzó una dura advertencia contra los sectores más radicalizados de las movilizaciones. “A los violentos, a los narcoterroristas, sus días están contados”, afirmó, al tiempo que aseguró que hará cumplir la Constitución y garantizará el orden interno.
Las manifestaciones, encabezadas por obreros, campesinos, mineros, transportistas y docentes, mantienen bloqueadas decenas de rutas estratégicas y provocaron un severo desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en varias ciudades bolivianas. La situación también derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y dejó heridos y cientos de detenidos en las últimas semanas.
El endurecimiento del discurso presidencial se produjo tras la promulgación de una ley aprobada por el Congreso que regula los estados de excepción y abre la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos y desbloquear carreteras. Si bien la norma no implica automáticamente la declaración de un estado de emergencia, le otorga al Ejecutivo una herramienta legal para avanzar en esa dirección si considera que la situación lo requiere.
Desde el Gobierno sostienen que detrás de las protestas existen intereses políticos y criminales que buscan desestabilizar la administración de Paz. Además, responsabilizan al expresidente Evo Morales de alentar las movilizaciones con el objetivo de alterar el orden democrático. Morales rechaza esas acusaciones y asegura que las protestas representan una respuesta popular frente a la crisis económica y las políticas impulsadas por el actual mandatario.
La conflictividad se desarrolla en un contexto económico complejo. Los sectores movilizados cuestionan la falta de respuestas a la inflación, el aumento del costo de vida y otras medidas económicas implementadas por el Gobierno. A siete meses de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz enfrenta el desafío más importante de su gestión, mientras Bolivia permanece sumida en una profunda tensión política y social.
