Juan Cruz Gorosito
En audiencia de formalización de la acusación en sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos efectivos policiales por los delitos de concusión y falsificación de instrumento público, en concurso real.
Asistidos por abogados particulares, ambos acusados se abstuvieron de declarar y de contestar preguntas de la Fiscalía.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, luego de advertir la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para la emisión de certificados de antecedentes penales.
Las tareas investigativas permitieron establecer que uno de los imputados, quien se desempeñaba en la Oficina de Dactiloscopía, dependencia que no posee facultades para percibir aranceles ni intervenir en cobros vinculados a trámites administrativos, habría confeccionado certificados por fuera de las funciones asignadas a su cargo. Posteriormente, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) constató que dos certificados correspondientes a docentes contenían troqueles que habían sido reportados como desaparecidos.
Las damnificadas manifestaron que un hombre vestido de civil les habría ofrecido gestionar el trámite al margen de los canales oficiales y que, por esa gestión, les solicitó transferencias de dinero. A partir de distintas diligencias, la UDEC logró identificar a ese hombre como un agente policial y determinar que la cuenta utilizada para recibir los pagos pertenecía al otro investigado.
Asimismo, el análisis de comunicaciones y movimientos bancarios permitió corroborar contactos frecuentes entre ambos sospechosos y transferencias de dinero coincidentes con las fechas en que se habrían confeccionado y entregado los certificados cuestionados.
Las pericias informáticas realizadas durante la investigación revelaron además, que el agente que prestaba servicios en Dactiloscopía habría ingresado de manera irregular a dependencias policiales y modificado documentación digital para incorporar datos de particulares en formularios oficiales. Según la hipótesis fiscal, para otorgar apariencia de legitimidad a esos documentos se habrían utilizado los troqueles de seguridad denunciados como faltantes y sellos institucionales.
Respecto del segundo imputado, la investigación sostiene que habría aprovechado sus vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados de antecedentes penales por fuera del procedimiento legalmente establecido, percibiendo sumas de dinero y eludiendo los mecanismos formales de tramitación.
En el marco de la causa, y por requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio, el pasado lunes se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos investigados, donde se secuestró documentación de interés para la investigación que fue incorporada al expediente.
