Juan Cruz Gorosito
El Gobierno de Salta confirmó la cesantía de un docente que había sido sancionado en 2025 por enviar mensajes de contenido sexual a una estudiante de un BSPA de la localidad de El Galpón. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 441, publicado en el Boletín Oficial, luego de que fuera rechazada la apelación presentada por el educador.
La sanción había sido aplicada a través del Decreto 828/2025, al considerar que la conducta del docente constituyó una falta grave y vulneró las obligaciones establecidas en la Ley Provincial 6.830, que regula los deberes de los agentes de la administración pública y establece normas específicas para el ejercicio de la función docente.
En su presentación, el educador cuestionó principalmente la validez de los mensajes de WhatsApp utilizados como prueba durante el sumario. Argumentó que no se había realizado una pericia informática que descartara una posible manipulación y también planteó objeciones sobre el procedimiento administrativo y la aplicación del protocolo provincial destinado a intervenir ante situaciones de maltrato, abuso sexual y violencia de género en ámbitos educativos.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial rechazó los planteos y sostuvo que los mensajes fueron enviados desde un teléfono de uso exclusivo del docente, que se encontraba bajo su custodia. Además, consideró que no se acreditó la hipótesis de un acceso indebido al dispositivo o a la cuenta de WhatsApp. La resolución también señaló que la denuncia por un supuesto hackeo fue realizada días después de la denuncia de la estudiante y que esa situación no fue mencionada en el primer descargo administrativo.
El decreto remarca que las normas que regulan la conducta docente también resultan aplicables cuando existe una relación de poder o asimetría entre el educador y el estudiante, aun cuando este último sea mayor de edad. En ese sentido, se destacó el deber reforzado de prudencia, ética y decoro que debe observar quien ejerce la función docente.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que el sumario respetó las garantías legales y constitucionales, y que el docente tuvo acceso al expediente y pudo ejercer su derecho de defensa. La decisión contó además con dictámenes coincidentes de organismos provinciales y concluyó que las pruebas reunidas fueron suficientes para acreditar la falta y mantener la sanción de cesantía.
