El diputado de Germán Rallé presentó un proyecto que puede llegar a desplazar a EDESA

El malestar generalizado por el deficiente servicio de energía eléctrica en la provincia de Salta sumó un capítulo clave en la arena política. El diputado por el departamento de General Güemes y presidente del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, presentó un proyecto de ley que busca abrir los mecanismos legales para que la Provincia inicie un nuevo proceso de licitación pública, lo que en la práctica significaría desplazar a la empresa EDESA S.A. de la concesión del servicio.

"Presento este proyecto por el punto de hartazgo que hay en la sociedad", advirtió con dureza el legislador, aclarando que la crisis actual superó la coyuntura de los masivos apagones sufridos en Güemes semanas atrás y se ha vuelto una constante "límite" en departamentos como San Martín, Orán y Rivadavia.

Una empresa "más preocupada en recaudar que en invertir"

Para el autor de la iniciativa, EDESA demostró una evidente falta de compromiso con el usuario salteño. Rallé cuestionó que, a pesar de los incrementos tarifarios, la firma no evidencia un crecimiento estructural que garantice un suministro digno.

"Es una empresa que no está invirtiendo, tenemos algunas instalaciones de los años 60. Está más preocupada en recaudar que en darle mayor calidad al servicio", disparó el legislador. Entre las irregularidades señaladas, describió que la distribuidora incorporó medidores digitales sin la autorización previa de los usuarios y que efectúa cortes de suministro de forma remota, privando a los vecinos de avisos formales ante posibles deudas.

Respecto a las masivas movilizaciones populares que tuvieron lugar recientemente en el sur y norte provincial, el diputado lanzó una frase tajante: "Eso fue un papelón que hizo lo que no pudo hacer ningún político: unir a todos los vecinos en un reclamo. Hay un cansancio total con la empresa".

Juego político: iniciativa propia y advertencia al Ejecutivo

Pese a su rol estratégico como conductor de la bancada saenzcista, Rallé aclaró que el proyecto lleva únicamente su firma. Explicó que tomó esta decisión de forma unipersonal para no comprometer de antemano al resto de sus pares, aunque manifestó sus expectativas de que el bloque y otros sectores se vayan adhiriendo orgánicamente a medida que avance el debate en las comisiones.

La iniciativa se plantea, en primera instancia, como una herramienta de presión institucional: "Debe servir para que el gobierno tome una decisión si la cosa no cambia", sentenció, dejando la puerta abierta a una rescisión contractual si la empresa no modifica su política de operación de manera inmediata.

Cortocircuito con el Ente Regulador y sospechas de "facturas fantasmas"

El avance legislativo también expone las fallas en los mecanismos de control estatal. Rallé fue crítico al señalar que "alguna instancia del proceso de auditoría falló" y relató las contradicciones existentes entre los informes oficiales y la realidad que padecen los usuarios en los barrios.

• La postura del Ente: "Cuando hablé con el Ente, me manifestaron que las cosas estaban bien, que había un control permanente y que se multaba, pero la situación en la calle no es así", contrastó.

• Irregularidades en la facturación: El diputado detalló que mantuvo un diálogo con el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Carlos Saravia, a quien le solicitó revisar los subsidios y ampliar las prórrogas para evitar los cortes automáticos.

• Falta de transparencia: "El presidente del Ente estaba al tanto. Me dijo que por la quita de subsidios nacionales iba a haber una variable en el costo, pero no que iba a haber facturas fantasmas. Hay mucha gente que hoy no quiere pagar porque no sabe si está abonando el costo real", denunció.