Redacción
La causa esta a cargo de la fiscal penal N° 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, junto a la Delegación El Quebrachal, encabezada por el auxiliar Rolando Fabián Saval Soto.De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, el pasado 18 de junio se registro un terreno rural de Talavera. Durante el procedimiento efectivos de la División Rural y Ambiental incautaron 27 res de animales reportados como robados, así también vehículos, teléfonos móviles, armas de fuego, municiones y otros elementos considerados de interés para la causa.
De momento, cinco personas fueron procesadas provisoriamente como cómplices del delito de abigeato agravado por la cantidad de animales sustraídos, el uso de medios motorizados y la participación de varias personas. Tres de los acusados también enfrentan cargos por tenencia y portación ilegal de armas de fuego de uso civil.
La investigación sostiene la hipótesis de que los sospechosos actuaban de manera organizada. Además, uno de los denunciantes aseguró que otros dos presuntos integrantes de la banda permanecen prófugos. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó esa información.
Según la pesquisa, el grupo habría ocupado campos mediante extensos alambrados para impedir el acceso de los propietarios a su hacienda. Posteriormente, presuntamente exigían importantes sumas de dinero para retirar a las personas que ocupaban los predios y permitir la recuperación de los animales. También se investiga la utilización de uniformes similares a los policiales para realizar falsos controles en el camino conocido como Desvío de Segheso.
La causa también mantiene relación con un operativo realizado en mayo por la Policía Federal en una investigación por presunta trata de personas. En ese procedimiento se restacaron 30 trabajadores indígenas que, según la investigación, eran estaban expuestos a la precarización laboral y alojamiento en un establecimiento rural con niños y niñas donde además se desarrollaban tareas de tala de quebracho.
El audio incorporado al expediente correspondería a una conversación entre uno de los presuntos integrantes de la organización y un productor ganadero. Durante el diálogo, el interlocutor le habría solicitado inicialmente 10 millones de pesos para liberar el campo y permitirle recuperar sus animales, monto que luego redujo a cinco millones. Además, aseguró tener poder de decisión dentro del grupo y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, los animales permanecerían retenidos.
Los investigadores también manejan la hipótesis de que en el predio allanado había más de un centenar de animales, aunque durante el operativo solo pudieron recuperarse 27. Se presume que el resto habría sido comercializado o faenado de manera ilegal.
Entre los detenidos figura además S. T., señalado por uno de los denunciantes como cuñado del intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca.
Desde la Fundación Granaderos del Sur, su presidente Álvaro Ortíz de Urbina manifestó su preocupación por el impacto de este tipo de organizaciones sobre la actividad rural y reclamó mayores recursos para la Policía Rural y una respuesta más ágil de la Justicia para combatir el delito en la región. “La Policía Rural necesita medios adecuados, entre ellos móviles, y la Justicia debe actuar con más celeridad”, declaró.
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