Juan Cruz Gorosito
La situación de jóvenes con consumos problemáticos que permanecen en distintos espacios públicos de San José de Metán volvió a poner en discusión qué pueden hacer las familias, los equipos de salud y la Justicia. En una entrevista con el programa radial El Bueno y El Malo, el asesor de Incapaces Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Fernando López Saravia Toledo, explicó cuáles son los límites de la intervención estatal y señaló la necesidad de contar con más dispositivos de atención.
“El consumo de drogas no convierte automáticamente a una persona en incapaz”, aclaró. Según explicó, una eventual restricción de la capacidad requiere una evaluación de la situación particular y una decisión judicial. No surge de manera automática por una adicción ni por el hecho de que alguien se encuentre en la vía pública.
El funcionario distinguió esa medida de la internación involuntaria. La Ley Nacional de Salud Mental la contempla como un recurso excepcional cuando un equipo de salud determina que existe un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros y no hay otra alternativa eficaz de atención. La medida queda sujeta a control judicial.
Por eso, sostuvo que encontrar a una persona consumiendo en la calle no habilita, por sí mismo, una internación contra su voluntad. En esos casos, señaló, el Estado debe ofrecer asistencia sanitaria y social, respetando los derechos y la autonomía de la persona.
López Saravia Toledo afirmó que uno de los mayores obstáculos es la falta de recursos públicos para sostener los tratamientos. Mencionó la necesidad de centros de rehabilitación, casas de medio camino y otros espacios específicos para personas con adicciones, y advirtió que los costos de la atención privada dejan a muchas familias sin opciones accesibles.
