Juan Cruz Gorosito
La auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Analía Adet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) e imposición de cargos contra dos mujeres, madre e hija, como presuntas coautoras del delito de comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante la audiencia, el juez del Distrito Judicial Centro, Leonardo Feans, otorgó el plazo de 90 días solicitado por la UFINAR para la IPP, y estableció la prisión preventiva para ambas detenidas, por el plazo de 30 días.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la presunta venta habitual de estupefacientes a jóvenes y adultos desde un domicilio ubicado en el Barrio Nueva Esperanza II, de la localidad de General Güemes.
A partir de esa información, personal del grupo especializado de la División de Investigaciones Narcotráfico (DINAR) del Valle de Sianca, dependiente de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, realizó vigilancias discretas, relevamientos vecinales e instaló dispositivos de registro fílmico.
Durante esas tareas, los investigadores documentaron maniobras de pasamano presuntamente vinculadas con la comercialización de drogas e identificaron al menos a cinco personas que acababan de retirarse del inmueble investigado y que tenían en su poder dosis de una sustancia blanquecina y granulada.
Con los elementos reunidos se realizó un allanamiento en la vivienda, donde madre e hija fueron detenidas. Durante el procedimiento se secuestraron dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y marihuana, además de cigarrillos armados con pasta base. También fueron incautados una balanza, dos teléfonos celulares, dinero y otros elementos vinculados con el estiramiento y fraccionamiento de sustancias estupefacientes.
En la audiencia, Adet fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El planteo fue acogido por el juez, quien dispuso la medida de coerción por el plazo de 30 días.
La investigación continú con distintas diligencias y pericias, entre ellas la extracción de datos de los teléfonos celulares secuestrados y la realización de informes socioambientales y psiquiátricos de las imputadas.
