Juan Cruz Gorosito
La conformación de la comisión para avanzar en la erradicación de la tracción a sangre en Metán estuvo precedida por un reclamo de la concejal Ana Sol García Mendoza hacia sus pares. Al tratarse la representación del Concejo Deliberante, solo ella, Romina Barboza y Sonia Villa se ofrecieron para participar, por lo que quedó sin cubrir uno de los cuatro lugares previstos por la ordenanza.
García Mendoza cuestionó la falta de disposición para asumir esa responsabilidad. “Después es fácil venir y sentarte en el Concejo Deliberante o sentarte en los medios a pegar, pero a la hora de los bifes no ponés una postura real”, expresó. Según explicó, los cuatro representantes deben garantizar la participación de distintos espacios políticos y, si no hay otro voluntario, la presidencia del cuerpo deberá designar al integrante restante.
La edil también rechazó que la iniciativa busque dejar sin sustento a quienes trabajan con carros y caballos. Sostuvo que es necesario escuchar a los sectores involucrados, conocer la situación de cada familia y evaluar opciones laborales. Además, reconoció que los nueve concejales mantienen posiciones diferentes y que todavía no existe un acuerdo sobre cómo avanzar.
La comisión quedó conformada con representantes del municipio, el Concejo Deliberante, el Poder Judicial, el Senasa, proteccionistas y carreros. También participó la CTA, que propuso asesorar a los trabajadores para evaluar la formación de una cooperativa de trabajo o de servicios, de acuerdo con sus conocimientos y habilidades.
Durante el encuentro se acordó completar hasta el 6 de noviembre el relevamiento social de las familias que dependen de esta actividad. Aunque existe una nómina de carreros elaborada el año pasado, resta conocer sus condiciones económicas, familiares y laborales. Desde el Ejecutivo se informó que distintas áreas participarán del diagnóstico, mientras que la oficina de empleo ofreció acompañamiento para analizar alternativas.
Ante la proximidad del vencimiento de los plazos previstos para noviembre, también se abordó una posible prórroga para la aplicación de la ordenanza. Los participantes plantearon que el retiro de los carros requiere una transición gradual y recursos para concretar las propuestas. Entre los asuntos pendientes figuran la evaluación de caballos y carros, los controles de carga, las horas de trabajo y la definición de quiénes podrán conservar un animal y bajo qué supervisión.
El municipio anunció que facilitará los trámites de marcas y señales, con formularios y asistencia en la Terminal de Ómnibus. Además, se propuso solicitar colaboración al Colegio de Veterinarios y al área de Ganadería provincial para atender la situación sanitaria de los caballos. La próxima reunión fue anunciada para el día 16, cuando continuarán las definiciones sobre el relevamiento y las alternativas de empleo.
