Juan Cruz Gorosito
El Gobierno nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a quienes participaron de los incidentes registrados este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante la marcha en defensa de la educación pública universitaria.
Según la presentación judicial citada por Infobae, los hechos fueron encuadrados en los presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. El Ministerio sostiene que los involucrados actuaron con los rostros cubiertos y dañaron bienes públicos para obtener elementos que luego arrojaron contra las fuerzas de seguridad.
La denuncia también plantea que los disturbios podrían haber buscado impedir o dificultar la actividad legislativa prevista para esa jornada. Esa hipótesis forma parte de los argumentos expuestos por la cartera nacional y deberá ser evaluada por la Justicia.
En paralelo, el Ministerio recopila fotografías y videos para identificar a los presuntos responsables y aportar pruebas al expediente. Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas en las calles cercanas al edificio legislativo y dejaron al menos 25 personas detenidas.
Entre los procedimientos se informó la aprehensión de un adolescente de 14 años, señalado por la Policía de la Ciudad por arrojar piedras contra un móvil policial. Tras la consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, se dispuso la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
De acuerdo con la información difundida, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron lesionados durante el operativo. Se trata de cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó de manera preliminar en $90 millones los daños ocasionados en el espacio público. Los destrozos alcanzaron mobiliario urbano, veredas, canteros y espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores. La movilización también incluyó reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad.
