La familia del ex comisario Cordeyro cuestionó al ministerio Público

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Santiago López Soto, Daniel Espilocín y Ramiro Ramos Ossorio dio por finalizada la investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo de Vicente Osvaldo Cordeyro, ocurrido el 11 de octubre de 2025 en la ladera posterior del cerro Elefante, en la localidad de San Lorenzo.

Según el informe oficial, el análisis exhaustivo de más de 30 cámaras de seguridad, rastreos telefónicos, pericias genéticas y reconstrucciones en el terreno permitieron descartar la participación de terceras personas en el hecho. Los estudios médico-legales y criminalísticos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Policía Federal Argentina establecieron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, encontrándose únicamente perfil genético de la víctima en la soga y elementos secuestrados.

Asimismo, la investigación determinó que el incendio de 4,5 hectáreas registrado en la zona el mismo día de la desaparición fue intencional y provocado por el propio excomisario, hallándose en el foco del fuego elementos de su propiedad y un envase de alcohol cuya compra fue rastreada mediante tarjetas comerciales vinculadas al entorno familiar.

En el plano psicosocial, la Unidad Fiscal destacó los hallazgos de la autopsia psicológica y del contenido del teléfono celular de Cordeyro, señalando una constante preocupación del excomisario por las derivaciones del caso de Jimena Salas, en el cual estuvo imputado el exesposo de su hija y donde Cordeyro desempeñó un rol en la provisión de información sobre otros involucrados.

"Un manejo desconsiderado e inhumano": El fuerte descargo de la familia

La respuesta de la familia de Vicente Cordeyro no se hizo esperar. A través de un comunicado emitido en la ciudad de Salta, firmado junto al abogado querellante, Dr. Roberto Reyes, expresaron su categórico repudio e indignación ante el proceder de las autoridades judiciales.

El principal reclamo radica en la vulneración del derecho a la información y al debido proceso, dado que la querella asegura no haber sido notificada formalmente del decreto de archivo y cierre de las actuaciones, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 104 (inc. J) y 173 del Código Procesal Penal de la Provincia.

"Nos enteramos del pretendido cierre de la causa al mismo tiempo que la opinión pública, a través de una conferencia de prensa y publicaciones en redes sociales", recrimina el escrito familiar, calificando la conducta institucional como "inhumana, impertinente y falta de ética" por priorizar el impacto mediático sobre la empatía hacia los deudos.

Cuestionamiento pericial y apelación en puerta

La representación legal de la familia sostuvo que desconoce formalmente los fundamentos técnicos de la desestimación y ratificó que existen profundas incongruencias y contradicciones médico-legales, criminalísticas e informáticas que fueron oportunamente señaladas por su perito de parte.

Finalmente, la querella anunció que, una vez cursada la notificación formal en los estrados judiciales, agotará el plazo de tres días que otorga la ley procesal para interponer un Recurso de Revisión e Impugnación ante la Fiscalía de Impugnación, solicitando que la causa no sea archivada y que se profundice la búsqueda de la verdad sobre lo acontecido en el cerro Elefante.