Juan Cruz Gorosito
El Ministerio de Salud Pública y la Corte de Justicia de Salta firmaron un convenio para abordar de manera conjunta situaciones en las que el consumo problemático de sustancias está vinculado con un conflicto con la ley penal.
El acuerdo fue suscripto por el ministro Federico Mangione y la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo. Permitirá poner en marcha el Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos.
Podrán participar mayores de 18 años bajo pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional u otras medidas alternativas a la prisión efectiva. El ingreso estará sujeto a una evaluación interdisciplinaria que determine la relación entre el consumo y la situación penal.
El programa tendrá una duración de dos meses, con talleres grupales semanales y entrevistas individuales de apoyo terapéutico y sociofamiliar. Los grupos serán de hasta diez integrantes y los encuentros presenciales se realizarán en el dispositivo de orientación ubicado en Sarmiento 491, en la ciudad de Salta.
Las actividades buscarán brindar herramientas para manejar las emociones, prevenir recaídas y fortalecer los vínculos de contención social y laboral. El seguimiento combinará la supervisión judicial con la atención sanitaria, preservando la confidencialidad de los tratamientos.
Ovejero destacó la necesidad de mantener una comunicación constante entre las instituciones para sostener el programa y evaluar sus avances. Mangione, por su parte, explicó que la historia clínica digital y la red de centros de salud permitirán identificar consultas o tratamientos previos, evitar duplicaciones y facilitar el acceso a atención especializada.
La coordinación estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención de la Corte y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones. En la reunión también participaron el secretario del área, Martín Teruel, y la coordinadora, Rosario Justo.
