Juan Cruz Gorosito
El deterioro de la ruta nacional 9/34 y el cobro del peaje en Cabeza de Buey motivaron un nuevo reclamo institucional desde el Concejo Deliberante de San José de Metán. A través de un proyecto presentado por la concejal radical Ana Sol García Mendoza, que contó con el acompañamiento del resto de los ediles, el cuerpo pidió la intervención de las autoridades nacionales para exigir condiciones adecuadas de circulación y conocer las obligaciones de la concesión vigente.
La declaración expresa preocupación por el estado del corredor vial, especialmente en el tramo que conecta Metán con Yatasto y otros sectores críticos. En sus fundamentos, destaca que la ruta es utilizada diariamente por vecinos que se trasladan por razones laborales, educativas, sanitarias, comerciales y familiares, por lo que sus condiciones repercuten directamente en la seguridad y en la economía de la población.
Uno de los puntos centrales solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad y a los organismos competentes que evalúen y dispongan, dentro de sus atribuciones y de las condiciones del contrato de concesión, la suspensión temporal del cobro en Cabeza de Buey. El pedido plantea que la medida se mantenga hasta verificar el cumplimiento de las obligaciones exigibles de mantenimiento, reparación y seguridad vial, con especial atención en los sectores más deteriorados.
El proyecto también requiere información sobre las condiciones del contrato vigente y el cronograma de obras para los tramos Metán–Yatasto, Metán–Rosario de la Frontera y las zonas próximas a Cabeza de Buey. Además, pide conocer los plazos de ejecución, las inversiones comprometidas y los mecanismos previstos para controlar y fiscalizar los trabajos.
Otro de los requerimientos apunta a que las autoridades expliquen los criterios técnicos y contractuales que justifican el inicio del cobro del peaje, así como las medidas previstas ante eventuales incumplimientos. También se solicitan detalles de las inspecciones realizadas y de las acciones adoptadas para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad.
La iniciativa pide, además, que Vialidad Nacional realice o actualice las inspecciones técnicas e identifique los sectores de mayor riesgo. Con la intención de ampliar el reclamo, invita a los municipios y concejos deliberantes del sur de Salta a adherir a la declaración y promover una presentación institucional conjunta en defensa de los usuarios.
Durante su intervención, García Mendoza sostuvo que el planteo responde a una demanda de quienes circulan habitualmente por la ruta. “Nosotros no queremos no pagar, lo que nosotros queremos es pagar un servicio correspondiente”, expresó al cuestionar que se exija una tarifa mientras persisten las deficiencias en la calzada.
La edil recordó que el Concejo viene realizando reclamos desde fines de 2023 y principios de 2024, cuando el corredor estaba bajo otra administración, y consideró que las respuestas recibidas no resolvieron el problema. También señaló que los daños en los vehículos y las dificultades para transitar afectan a los vecinos del sur provincial.
García Mendoza reclamó una respuesta concreta de Vialidad Nacional y remarcó la necesidad de acceder a los contratos para conocer los compromisos asumidos por la concesionaria. Asimismo, cuestionó las limitaciones para pagar en efectivo y planteó inquietudes sobre el funcionamiento del sistema TelePASE.
