Horas después que a través de diferentes medios de comunicación se difundiera parte de la resolución del juez Mario Teseyra donde contradice al fiscal Gomez Amado en su decisión de no detener ni imputar a Mariela Cuevas, el Ministerio Público emitió un comunicado donde confirma que las dos partes de la causa, fueron intimadas a que no difundan "información sensible" de la investigación.
"Los fiscales penales Gonzalo Gómez Amado y Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que llevan adelante en Unidad Fiscal por el homicidio calificado de Víctor René Córdoba, solicitaron al Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, que se intime a las partes intervinientes a no divulgar información sensible e incluso material fotográfico que integra la causa a través de medios periodísticos o redes sociales.
Señalan en la solicitud que estos comportamientos afectan el desarrollo de la investigación y la sensibilidad de las familias de las partes, constituyendo un comportamiento reprochable.
El juez Mario Dilascio hizo lugar a la solicitud fiscal y resolvió intimar al abogado defensor de los imputados y al abogado querellante, a dar estricto cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 257 y 259 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento de correr vista al Colegio de Abogados de la Provincia de Salta y/o a la autoridad que corresponda", sostiene el comunicado que se dio a conocer esta noche a través del área de prensa del Ministerio Público Fiscal.
La novedad llegó a horas de que se conociera parte de la resolución donde el juez Teseyra contradijo al fiscal Gomez Amado generando una tensión inédita en el Distrito Judicial del Sur por los puntos de vista diferentes en relación a la detención e imputación de Mariela Cuevas.
“Que de conformidad a las constancias de autos surge que el Fiscal interviniente tuvo a la detenida a su disposición en alcaldía general y no le realizó imputación alguna. Entiende el proveyente que corresponde sin más ordenar que la misma recupere la libertad. Arriba a ésta conclusión el suscripto, tras analizar meticulosamente la presente causa, de donde surge claramente la voluntad del fiscal de no realizar imputación alguna en contra de la Sra. Cuevas ni de seguir la línea investigativa propuesta por el querellante quedándole a este último la instancia prevista en el cuarto párrafo del Art. 108 del C.P.P. que establece claramente que si el Fiscal Penal se negara a investigar los hechos contenidos en la querella, formulará Decreto de Desestimación, entonces la víctima podrá solicitar la revisión ante el Fiscal de Impugnación, el que deberá ordenar a otro fiscal que inicie la investigación si ello correspondiere”, destacó el juez Teseyra en la resolución en la que no tuvo otra opción que liberar a Cuevas ante la falta de acusación fiscal, según lo publicado por el diario El Tribuno.
Por su parte, Federico Delgado, había insistido con la imputación de la mujer, pero la respuesta fue que el fiscal ya se había expedido sobre el tema y señalaba el texto: “No existiendo hasta el momento material probatorio que amerite encuadrar la conducta de la misma en una figura penal. No obstante ello de surgir de la testimonial aportada datos relevantes y certeros para la investigación se le hace saber que se actuará en consecuencia”, destacaron los fiscales Gómez Amado y Rodríguez.
De acuerdo a lo informado, lo que sí consideraron pertinente fue la extracción de ADN de Cuevas, para el cotejo con el material genético indubitado, mediante la extracción de hisopado bucal. También rechazaron otras medidas solicitadas por Delgado al considerar que “Mariela Cuevas no se encuentra en calidad de imputada”.
La publicación de los fragmentos, parece haber molestado a la Unidad Fiscal ya que las miradas están puestas en los procedimientos que llevan adelante y resulta difícil entender la negativa de imputar a una persona que estuvo en la escena donde ocurrieron los hechos que presuntamente, si la investigación lo corrobora, desencadenaron el fallecimiento de Víctor Córdoba. Esta situación que debe quedar clara en el juicio oral y público, requiere de un procedimiento judicial con medidas contundentes que aporten a esclarecer el caso y para ello deben ser investigadas todas las personas que estuvieron en el momento de los hechos con la imputación correspondiente para llegar a la instancia del juicio, con todos los elementos incorporados y solo ahí, el juez - no el fiscal - podrá determinar la inocencia o culpabilidad.
