
Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió que las empresas sobreviven ajustando costos y con esfuerzo propio. Reclaman alivio fiscal urgente.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hasta este domingo 31 de marzo se encargaba de fijar los precios de dicho producto, perdió esta potestad debido a un nuevo decreto impulsado por el presidente Javier Milei.
Por ello, desde ahora, los productores decidirán si aceptan el precio establecido o no y a partir de este lunes 1° de abril quedará desregulado el precio de la yerba mate.
Según indicó en Cadena 3 el titular de la Asociación Ruta de la Yerba Mate, Raúl Karabén, se espera que esta medida genere una "fuerte competencia" en los precios.
A su vez, Karabén expresó su opinión sobre este cambio: "Lamentablemente el Instituto de la Yerba Mate en los últimos tiempos se había politizado demasiado y trabajaban poco en defensa de los productores".
En cuanto a cómo podría afectar esto al consumidor final, Karabén cree que "la tendencia a regular va a ser quizás positiva para el consumidor porque va a obligar a competir más y competir más significa bajar un poco los precios". Y cerró: "Hay que ajustar los costos".
Fuente; Cadena 3
Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió que las empresas sobreviven ajustando costos y con esfuerzo propio. Reclaman alivio fiscal urgente.
Guillermo Borelli, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Córdoba, criticó duramente la política de precios en el país.
El viceministro de Economía dijo que el rojo del balance de pagos será del 2% del PBI. Es por el auge de viajes al exterior y las importaciones. “Tenemos tiempo para acumular reservas”, dijo por su parte el vice del BCRA.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual mostró una desaceleración de 1,3 puntos contra marzo. En los últimos 12 meses sumó 43,5%.
La misma habría quebrado el 2%, exhibiendo una nueva desaceleración respecto a la medición previa.
El Gobierno dispuso que no se aplicará la percepción del IVA a operaciones de hasta $10 millones dirigidas a consumidores finales. Apunta a simplificar el sistema y reducir conflictos.