El acusado fue denunciado por una mujer con la que mantuvo una relación de pareja por reiterados hechos de violencia en su contra y por presentarse en su domicilio, llevarse bienes y amenazar a la mujer con un arma blanca.
JUDICIALES02/08/2024
Redacción
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a un hombre de 44 años como autor de los delitos de desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas con arma en concurso real.
Tras la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido, mientras se cumplen medidas solicitadas.
La denunciante señala que su pareja y padre de su hija, es extranjero y con residencia provisoria en el país y que, a lo largo de la relación, ejerció violencia sobre ella, por lo que se encuentran separados. El pasado 18 de julio, el acusado desobedeciendo las ordenes impartidas por el Juzgado de Violencia Familiar y Genero, ingresó a su domicilio y retiró sin autorización algunos bienes y en forma posterior, regresó al lugar y la amenazó de muerte con un arma blanca.
El próximo lunes 19 comenzará el juicio contra Carlos Villalba, en la causa donde se encuentra imputado como autor del delito de peculado.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que era "inadmisible" el recurso extraordinario que llegó por vía de la queja al máximo tribunal.
El operativo, encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, derivó en el secuestro de un semirremolque cargado con mercadería no perecedera. La intervención se inició con la denuncia de un comunicador social que vinculó los productos con una presunta maniobra de clientelismo político.
Las propietarias de la agencia turística se encuentra detenidas en la Alcaidía. Durante las audiencias, una de ellas optó por declarar, mientras que su hermana mantuvo el silencio.
La situación de la candidata a diputada Laura Thomas, dejó en evidencia la complicidad con la política del juez Mario Dilascio luego de una resolución judicial que ahora fue apelada por el Fiscalía de Estado que aseguró que esta acción constituye “un abuso de poder judicial” y “una estafa directa al erario público”.
Llegó acusado de varios hechos ocurridos en esa ciudad y tras haber aceptado su participación en los mismos, deberá cumplir reglas de conducta para mantener la condicionalidad de la pena impuesta.
