El fiscal federal Eduardo Villalba impulsa una investigación por el robo de rieles del Ramal C-25. La causa, que tiene detenidos a dos sospechosos, señala una supuesta complicidad de autoridades locales y de seguridad.
JUDICIALES08/11/2024
Juan Cruz Gorosito
El robo de rieles en Salta llevó a la detención de José Miguel Gerala, hijo del intendente de Coronel Juan Solá, y de David Edilberto Medina, un comerciante de Orán. Ambos están acusados de contrabando agravado y de participar en una red de tráfico de material ferroso con destino a Bolivia.
La fiscalía expuso que Gerala y Medina operaban una red organizada que extraía rieles y los transportaba clandestinamente. A través de pasos fronterizos no habilitados, buscaban vender el material robado en Bolivia, generando grandes beneficios económicos.
Las investigaciones revelan escuchas telefónicas y material audiovisual que comprometen a los acusados. En estos registros, se observa cómo Gerala coordinaba la extracción y el transporte, mientras que Medina supervisaba el acopio y el envío de los rieles.
Según la fiscalía, hubo colaboración de miembros de la Gendarmería Nacional, lo que facilitó la operación ilegal. Villalba mencionó que la investigación apunta a una red con implicados de alto perfil, incluyendo al propio intendente de Coronel Juan Solá.
Ante el riesgo de fuga y posible obstrucción de la justicia, el juez Gustavo Montoya ordenó la prisión preventiva para Gerala y Medina. Villalba señaló que el caso sigue abierto, y que en las próximas semanas podrían sumarse más imputados en la causa.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
