La investigación que se profundizará ahora, está relacionada con la actuación administrativa provincial de aquel tiempo y la empresa Eco Desarrollo Salta. La decisión se toma luego de la aparición de nuevos elementos que indican la necesidad de examinar con mayor rigor las circunstancias que rodearon la concesión de las tierras y su regularidad. Los Olmedos habrían explotado tierras fiscales cedidas por Juan Carlos y no pagaron canon.
JUDICIALES19/11/2024
Redacción
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante (interino a cargo de U.D.E.C.), dispuso dejar sin efecto el archivo de la investigación relacionada con la denuncia en la que se cuestionara la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta. Esta decisión se toma debido a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto.
En abril de 2019, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos había dispuesto el archivo de las actuaciones, lo cual fue ratificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación competente (A.P. N° 331/17 OOYD), la que había enmarcado el planteo factico a un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta S.A., con motivo de juicios ventilados en el ámbito contencioso administrativo. Todo ello enunciado por el denunciante en aquellas actuaciones.
Sin embargo, tras la aparición de nuevos datos surgidos en diversos medios de comunicación, el fiscal Daniel Escalante dispuso la reapertura de aquella investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, retrotrayendo a incluir aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal, indicado como «concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral” en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.
El caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990. La investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión.
“Que existe una íntima vinculación de la nueva A.V. N° 54/24 UDEC y de la A.P. N° 331/17 OOYD (Denuncia Penal del Sr. C.D.P.), de las que se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa publica, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesidad de reabrir la investigación.”
“El organismo acusador público, en su oportunidad, se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo. Pero como tal se destacó, surge el deber de examinar el Hecho incorporando indicios más vastos, que exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales.“
El fiscal Escalante destacó que la reapertura no responde a una decisión caprichosa, “sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”, consigna en su decreto de reapertura el representante del M.P.F. de fecha 23 de octubre pasado.
El fiscal reafirma que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia, buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial.
Nuevas autoridades
El médico veterinario, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña, ex candidato a diputado provincial por el PRO, y socio de la Inmobiliaria MDay, Ignacio Lupión, fue designado este lunes en la presidencia del directorio de la Sociedad Anónima Salta Forestal, empresa pública que administra tierras del Estado en el departamento Anta, según lo publicado por Página 12.
El nuevo director viene a cubrir la vacancia que se generó tras el fallecimiento, el 29 de agosto último, de Marcelino Sierra, el anterior titular en Salta Forestal.
La empresa fue creada en 1974, en el gobierno de Miguel Ragone (desaparecido por el terrorismo de Estado el 11 de marzo de 1976), con el objetivo llevar a cabo un manejo integral de bosques de parte del Estado salteño, pero finalmente quedó en manos de privados que apostaron al monocultivo y al desmonte.
Actualmente, y pese a la existencia de la ley 7623, que en 2010 dispuso la obligatoriedad del pago de un canon a la provincia, dado que son tierras fiscales, se pudo saber que Olmedo Agropecuaria, uno de los grupos económicos que explotó las más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal, se retiró con un presunto doble beneficio: nunca pagó canon alguno y vendió sus derechos de concesión de las tierras.
“Es de mi papá”, es siempre la excusa del ex diputado nacional y militante mileista Alfredo Olmedo cada vez que se le recuerda la vinculación de las tierras con el crecimiento de la empresa Ecodesarrollo encabezada por Alfredo Olmedo padre.
Entrega de tierras fiscales que enriqueció a los Olmedo
Salta Forestal fue creada en 1974, manejada por la Nación y la provincia con el objetivo de realizar un aprovechamiento “integral” y “racional” de los bosques y suministrar carbón, durmientes y postes a empresas del Estado. En 1982 la provincia se quedó a cargo de las 338.331 hectáreas que están en el departamento Anta, en el sur provincial. En 1993, durante el gobierno de Augusto Ulloa (que fuera antes interventor federal de la dictadura militar), se promulgó la Ley Nº 6.727, que declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”.
Fue el gobierno del actual senador nacional Juan Carlos Romero el que adjudicó la concesión de las tierras (que tenía y tiene aún a pequeños productores viviendo y produciendo adentro) a la empresa Ecodesarrollo SA (constituida por Olmedo Agropecuaria SA y Cervera Agropecuaria SA, hoy Cresud SACIF).
En 2010 se sancionó finalmente la ley 7623, que establece el cobro de los cánones a todas empresas que exploten inmuebles del Estado provincial.
Tras una seguidilla de litigios, la provincia logró recuperar 81.819 hectáreas en 2017 pero en calidad de cobro de cánones nunca pagados. Además, recuperó otras 30 mil hectáreas.
La familia Olmedo decidió abrirse del grupo y vender sus derechos de concesión a Anta del Plata. En la transacción original, la concesión de las tierras fue por 64 años.
Aunque se conoce que hubo algún pago por parte del grupo que quedó en manos de Cresud, no existen informes oficiales que indiquen la cantidad de dinero que ingresó a la provincia desde la sanción de la ley, que establece que se debe pagar el 10 por ciento de la totalidad de la cosecha.
Con información de Página 12 y Ministerio Público Fiscal
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La investigación que se profundizará ahora, está relacionada con la actuación administrativa provincial de aquel tiempo y la empresa Eco Desarrollo Salta. La decisión se toma luego de la aparición de nuevos elementos que indican la necesidad de examinar con mayor rigor las circunstancias que rodearon la concesión de las tierras y su regularidad. Los Olmedos habrían explotado tierras fiscales cedidas por Juan Carlos y no pagaron canon.
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