JUDICIALES

Otro intendente que "zafa" de su juicio que fue pospuesto

El juicio está relacionado con una denuncia que lo involucra como presunto autor del delito de peculado, sin conexión con las acusaciones por el robo de rieles y otros elementos durante su gestión municipal.
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La Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, presidida por Soledad Rodríguez e integrada por los vocales Ricardo Hugo Martoccia y Reinaldo Burgos, decidió suspender el juicio contra el ex intendente de Rivadavia Banda Norte, Atta Gerala, acusado de peculado.

La medida responde a varios recursos y planteos procesales presentados por el abogado defensor Darío Palmier. El juicio estaba programado para desarrollarse entre el 3 y el 5 de diciembre, pero su inicio quedó postergado hasta nuevo aviso.

El ex intendente está siendo acusado de peculado, un delito que implica el mal manejo o apropiación indebida de fondos públicos. La denuncia en su contra fue presentada por la ex intendenta de la municipalidad, Marcela Carbajal, quien señaló un faltante de dinero al momento del traspaso de la intendencia. Según la denuncia, el faltante surgió del acta de cierre de la gestión municipal, un documento clave que detalla el estado de las finanzas del municipio al momento de finalizar la gestión.

La denuncia en cuestión fue realizada hace aproximadamente 6 años, lo que deja en evidencia la falta de celeridad en la justicia  salteña.

Gerala, que gobernó Coronel Juan Solá durante varios años, fue señalado por no haber entregado el dinero correspondiente, que estaba en su poder al momento de dejar el cargo. La denuncia reveló una presunta irregularidad en la gestión de los fondos públicos que habrían sido destinados a diferentes fines en el municipio, pero que no habrían sido debidamente registrados ni entregados a la nueva administración.

Contexto político y social

El juicio a Gerala llega en un momento particular en la localidad de Coronel Juan Solá, una pequeña comunidad del departameno Rivadavia Banda Norte. En los últimos años, la comuna ha estado envuelta en una serie de situaciones políticas conflictivas, que incluyen acusaciones de corrupción y mala gestión de los recursos públicos, además de amenazas contra los pobladores y robos, secuestros y daños contra la propiedad privada, incluso contra la del propio Atta Gerala. La localidad, que depende en gran medida de la gestión municipal para el desarrollo de sus servicios y obras, ha visto cómo la falta de transparencia y la falta de claridad en la administración de los fondos públicos afectaron la calidad de vida de sus habitantes.

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