Juan Cruz Gorosito
En Salta son 437 las personas que reciben tratamiento dialítico y que no cuentan con cobertura social.
La asistencia para carenciados es garantizada por el Ministerio de Salud Pública y se brinda en centros públicos y privados, este último tercerizado por el Gobierno de la Provincia, para alcanzar la cobertura total de los pacientes.
En los centros públicos se dializan 143 personas, de ellas, 113 lo hacen en el hospital Arturo Oñativia, 18 en el hospital de Tartagal, 10 en el Centro Modular de Orán y 2 en el hospital de Cafayate. Además, 294 pacientes lo reciben en diferentes instituciones privadas.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, dijo que “los servicios públicos de hemodiálisis en el interior reflejan, con hechos concretos, el compromiso del gobierno provincial de federalizar la salud pública. Esto implica ofrecer la misma calidad asistencial tanto en la capital como en el interior, no sólo a través de equipamiento tecnológico de última generación, sino también con profesionales altamente capacitados, dándole complejidad y capacidad resolutiva a los hospitales del interior”.
Agregó que “estas obras han mejorado la calidad de vida de los pacientes y de los familiares, permitiendo hacer esta terapia cerca de su localidad. Recordemos que el tratamiento se lleva a cabo tres veces a la semana y, en muchos casos, debían recorrer más de 100 kilómetros para ir y la misma distancia para retornar”.
También, el titular de la cartera sanitaria destacó que “la habilitación de estos dispositivos nos permitió responder, de manera integral y con recursos propios, a la enfermedad renal crónica, en diferentes regiones sanitarias. La estrategia fue habilitarlos en hospitales de referencia, que tienen un área de cobertura grande, como Orán, Tartagal, Cafayate y próximamente en Joaquín V. González, para dar solución integral al paciente”.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) afecta a una de cada 10 personas adultas. Según datos de la Supervisión de Salud Renal, en Salta hay más de mil pacientes en diálisis. Cerca del 50% de esa población no tiene prepaga y su atención es cubierta por el Gobierno.
Esta patología es una problemática de salud pública que, según estudios epidemiológicos, tenderá a crecer y será cada vez mayor.
