Exigen la renuncia de Emilia Orozco a la Comisión de Libertad de Expresión por el hostigamiento

El malestar con Emilia Orozco no es nuevo. Hace quince días, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó públicamente su renuncia a la presidencia de la comisión. Lo hizo a través de su cuenta en X, tras los disturbios frente al Congreso que incluyeron represión a jubilados y periodistas. “La libertad de expresión no se negocia. El Congreso no puede ser una zona liberada para la represión”, escribió. Y fue aún más enfático: “Exijo la renuncia inmediata de la diputada María Emilia Orozco a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión”. Con ese mensaje, Ferraro dejó expuesta la incomodidad creciente de legisladores que hasta hace poco respaldaron al Gobierno para aprobar leyes clave, pero que hoy se rehúsan a convalidar su pasividad frente a hechos que, advierten, “ponen en jaque el sistema democrático”.

“Nunca hubo tanta libertad de expresión como durante este gobierno”. Con esa frase, la diputada salteña Emilia Orozco defendió al presidente Javier Milei frente a los cuestionamientos por su trato hostil hacia el periodismo. La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) también avaló la parálisis de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside y que no se reúne desde septiembre pasado.

A contramano de los reclamos de la oposición y de las advertencias de organismos internacionales, Orozco respaldó la estrategia del oficialismo y justificó el prolongado silencio legislativo: “La verdadera libertad de expresión se da cuando el Estado no decide a quién darle dinero y a quién no. Esta fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno: ningún medio recibe ni un peso del Estado. Se terminó la pauta para hacer política”.

Las declaraciones fueron realizadas ante el diario La Nación de Buenos Aires poco después de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA alertara sobre la “baja tolerancia a las críticas” y el “uso reiterado de calificativos estigmatizantes” por parte del Ejecutivo nacional. Orozco rechazó ese diagnóstico: “Muchos periodistas e instituciones exageran cuando dicen que Milei daña la institucionalidad, cuando nunca actuó por fuera del límite de ninguna ley”. Y añadió: “Confunden, muchas veces maliciosamente, las formas con la institucionalidad. A diferencia de lo que ocurrió durante décadas en la Argentina, ya no existe la coacción económica del Estado sobre la libertad de expresión”.

Pese a su defensa, la comisión acumula decenas de proyectos sin tratar y enfrenta un reclamo creciente para que retome su funcionamiento. La semana pasada, los diputados Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carolina Gaillard (Unión por la Patria) y Mónica Frade (Coalición Cívica) presentaron una nota formal exigiendo la convocatoria urgente del cuerpo. En el escrito advirtieron sobre “el ataque sistemático a los trabajadores de prensa por parte del gobierno de Javier Milei” y señalaron una escalada de “hostigamiento y estigmatización”, “persecución judicial a periodistas críticos” y “represión policial a reporteros gráficos”.

El reclamo opositor coincidió con la denuncia del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, quien reveló que el nuevo plan de inteligencia nacional podría habilitar el espionaje interno a periodistas y economistas. Días después, denunció intentos de hackeo contra su teléfono y sus cuentas personales, en lo que interpretó como una maniobra de amedrentamiento.

La oposición insiste en que la parálisis de la comisión no solo impide canalizar institucionalmente estas preocupaciones, sino que consolida un cerrojo político para proteger al oficialismo de sus propias contradicciones con la libertad de expresión.