La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó irreguaridades en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental del PAMI, cuando el peronismo era gobierno. Según un informe, se observaron "desvíos" y falta de control por parte de los auditores del PAMI, según lo recogido por el medio Infobae.
PAIS17/06/2025
Juan Cruz Gorosito
El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, recriminó las múltiples falencias en las prestaciones del PAMI, y señaló que la salud mental "no tiene atención" y que "pareciera ser que en Argentina no existe". Habló sobre demoras de hasta tres meses para obtener turnos y la falta de disponibilidad de camas, lo que describió como una "crisis humanitaria silenciada".
SIGEN expuso pagos sin respaldo, fallas en prestaciones y afiliaciones sin control en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Señaló un perjuicio económico que supera los $16.000 millones como resultado de pagos sin documentación respaldatoria, recuperos no ejecutados, anticipos sin control y contrataciones irregulares.
El informe, que evalúa el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo durante el ejercicio 2023, describió su funcionamiento como "débil".
También se acreditaron pagos sin respaldo y control ineficiente. Según la auditoría, el PAMI habría hecho pagos a prestadores médicos sin contar con las facturas electrónicas exigidas, al apoyarse en documentos internos denominados "Facturas Únicas".
Las ventas minoristas por el Día del Padre registraron una baja de entre el 2 % y el 3 % en comparación con 2024, según CAME. El gasto promedio fue bajo y los consumidores priorizaron regalos más económicos. Pese a promociones y descuentos, la jornada no logró compensar los costos del mes para las pymes.
Los argentinos empiezan a optar por la carne de pollo por encima de la vacuna, principalmente porque es más económica.
Este es el tercer aumento del año para ambas tabacaleras, que ajustan precios cada dos o tres meses, al igual que otras tabacaleras nacionales.
El Ministerio de Salud envío más de 550.000 notificaciones para certificar la documentación y logró contactar solo a la mitad de los beneficiados. Aseguran que en más de 220.000 casos no se encontró la dirección informada y que en los restantes no pudieron consignar la entrega de la documentación.
El refuerzo otorgado por el Gobierno está congelado desde marzo de 2024. Para recuperar su valor, los especialistas estiman que debería rondar en $116.000.
El funcionario judicial se opone al traslado del expediente a Buenos Aires y asegura que existen fundamentos para que el proceso continúe en la justicia federal de Salta.
