La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
PAIS17/07/2025
Juan Cruz Gorosito
La crisis de infraestructura vial sigue escalando y genera un nuevo foco de tensión entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En un contexto de rutas cada vez más deterioradas, productores rurales, dirigentes políticos y mandatarios provinciales exigen respuestas urgentes. Sin embargo, el Ejecutivo ratifica su decisión de avanzar con un esquema de licitación parcial y tercerización total del mantenimiento, bajo el modelo BOT (Build-Operate-Transfer), que prioriza la inversión privada en corredores troncales.
Durante un encuentro con la Mesa de Enlace en La Rural, el presidente Javier Milei defendió su plan de infraestructura. Pero desde el sector agropecuario, las críticas no tardaron en llegar. “Producir no sirve si no podés transportar”, advirtió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reflejando el malestar del campo por la falta de caminos en condiciones para el transporte de la producción.
Santa Fe fue una de las provincias que tomó cartas en el asunto. Su gobernador, Maximiliano Pullaro, decidió colocar carteles en rutas nacionales alertando a los conductores sobre el estado crítico del asfalto y recomendando utilizar caminos provinciales. La medida busca visibilizar lo que desde su gestión califican como “abandono” por parte del Gobierno nacional.
Las provincias también reclaman que la Nación no está ejecutando los fondos viales derivados del impuesto a los combustibles líquidos. Con el respaldo de varios gobernadores, avanza en el Congreso un proyecto para eliminar los fideicomisos que manejan esos recursos, iniciativa que ya cuenta con media sanción.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con una profunda reorganización institucional: disolvió la Dirección Nacional de Vialidad y creó nuevas unidades bajo la órbita del Ministerio de Transporte. La reestructuración, en línea con la visión libertaria de Milei, busca reducir la intervención estatal en obras de infraestructura. Pero por ahora, el ajuste se siente en las rutas: baches, falta de señalización y peligros crecientes para miles de conductores.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
