Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
PAIS25/06/2025
Juan Cruz Gorosito
El Gobierno nacional, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 425, publicado este martes en el Boletín Oficial, decidió ampliar el presupuesto 2025 para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de la emergencia económica. La firma del presidente Javier Milei y su acuerdo con el gabinete ministerial dan cuenta de una nueva readecuación de los recursos del Estado, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el país.
En el texto del DNU, se subraya la necesidad de ajustar los créditos presupuestarios para poder cumplir con las obligaciones del Estado, como el pago de jubilaciones, salarios y subsidios a las tarifas de luz y gas. Entre los sectores beneficiados, se destacan los hospitales públicos como el Garrahan, El Cruce, El Calafate, y el Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, entre otros, que recibirán más fondos para el pago de salarios, adquisición de medicamentos y equipamiento.
El ajuste presupuestario también prevé un aumento en los subsidios destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad, para cubrir pensiones no contributivas y subsidios por hemofilia. En educación, se reforzaron los recursos para los salarios de docentes y no docentes de Universidades Nacionales, así como para las prestaciones previsionales y las Asignaciones Familiares gestionadas por la ANSES.
Otro de los puntos destacados es el incremento en los fondos destinados a la deuda pública, con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios financieros durante el presente ejercicio. Además, se realizó una readecuación de los créditos para el pago de jubilaciones y pensiones del personal de las fuerzas de seguridad, aumentando también los salarios de los efectivos policiales y militares.
En cuanto a la política energética, el Ministerio de Economía reforzó el presupuesto para los subsidios a las tarifas de luz y gas, con especial énfasis en la compensación tarifaria para la Zona Fría.
A su vez, se asignaron mayores recursos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, a fin de optimizar su capacidad operativa, y se fortalecieron los créditos destinados al funcionamiento de diversas jurisdicciones y entidades de la administración pública.
Este es el segundo ajuste presupuestario realizado por el Gobierno en lo que va del año, y se enmarca dentro de los esfuerzos por asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales y sostener los servicios clave para la población en un contexto de alta presión económica.
Las autoridades argentinas y chilenas resolvieron interrumpir la circulación en el Paso de Jama debido a un pronóstico que anticipa nevadas de moderadas a fuertes, acompañadas de ventisca. La medida busca resguardar la seguridad de quienes transitan por la zona.
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
