La Cámara Federal de Buenos Aires reabrió la investigación contra el expresidente por presuntas irregularidades durante la pandemia. La Justicia evaluará si extendió las restricciones sanitarias con fines políticos, como denunció el exministro Martín Guzmán.
PAIS15/10/2025
Juan Cruz Gorosito
La Cámara Federal de Buenos Aires revocó este martes el sobreseimiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga su accionar durante la gestión de la pandemia de Covid-19. El tribunal consideró “prematura” la decisión de la jueza María Servini de cerrar el expediente y ordenó continuar con la recolección de pruebas.
El fallo, firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, coincide con el planteo del fiscal Carlos Stornelli, quien había apelado la resolución de primera instancia. En su dictamen, Stornelli cuestionó el cierre anticipado del caso y pidió seguir indagando si el gobierno de Fernández utilizó la emergencia sanitaria para consolidar poder político.
La causa se originó a partir de declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán, quien en entrevistas posteriores a su salida del gabinete aseguró que el Gobierno mantuvo la cuarentena estricta “como una bandera política”, al considerar que la gestión de la pandemia reforzaba la imagen presidencial.
Fernández rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas adoptadas se basaron en criterios sanitarios, con el respaldo de expertos médicos y científicos. También remarcó que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) utilizados durante la pandemia fueron avalados por el Congreso.
Sin embargo, la Cámara Federal planteó que aún hay elementos que deben ser analizados antes de cerrar la investigación. Los jueces indicaron que faltan incorporar estudios sobre “humor social” y comparaciones internacionales que el propio Estado encargó durante ese período.
Para los magistrados, la prueba disponible hasta ahora “resulta insuficiente” para dictar un sobreseimiento definitivo, y señalaron que es necesario determinar si existió un uso político indebido de las restricciones sanitarias, las cuales afectaron derechos y libertades durante el confinamiento.
Con esta decisión, la causa vuelve a instrucción y se reabre un capítulo judicial sensible que pone bajo la lupa la conducción de la emergencia sanitaria más grave de las últimas décadas en el país.
Junto a jóvenes abogados de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Córdoba, por Salta, estuvo convocado el doctor Víctor Gomes de Metán.
A través de la resolución 484 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno lanzó una consulta pública para reformular el sistema de subsidios energéticos a partir de enero de 2026. El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplazará la segmentación actual y limitará la asistencia a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales.
El jurado de enjuiciamiento destituyó a la jueza Julieta Makintach por la grabación del documental "Justicia Divina" durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.
El documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, estrenado este jueves en Netflix, reúne por primera vez los testimonios de seis de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del adolescente en Villa Gesell. Entre arrepentimientos, justificativos y reflexiones tardías, sus declaraciones reavivan el debate sobre uno de los crímenes que marcó a la Argentina.
Graves acusaciones surgieron contra el libertario Alfredo Olmedo, actual administrador del Hotel Naindo de La Rioja, uno de los establecimientos más reconocidos de la provincia.
El jefe de la UDAI Metán de ANSeS, Cristian Achaval quedó sin trabajo tras la resolución del organismo central donde lo desafecta en sus funciones. Achaval había denunciado aportes obligatorios de parte de su sueldo por parte de la Liberad Avanza.
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Se trata del concurso público para seleccionar aspirantes a cubrir una plaza Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación del Distrito Judicial Sur - Circunscripción Metán.
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El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando una mujer fue sorprendida al intentar entrar a una vivienda donde funciona un kiosco. La propietaria alertó al 911 y la policía encontró a la acusada atrapada entre las rejas.
Un cabo de guardia denunció que un jefe policial habría ordenado test de alcoholemia de manera irregular, con amenazas y maniobras que -según su presentación- afectaron el procedimiento y vulneraron sus derechos. Horas más tarde, desde la Jefatura de Policía informaron que dos efectivos fueron apartados preventivamente tras arrojar resultado positivo en controles internos.
Estudiantes de Radiología y Enfermería expresaron su malestar tras la cancelación repentina de las mesas previstas para este miércoles. Señalan que la medida proviene de ATSA, entidad donde funciona la sede, y advierten que la situación afecta a alumnos de todos los años.