Juan Cruz Gorosito
La Justicia federal dio un paso contundente en la ejecución de la condena por corrupción en la emblemática causa Vialidad: ordenó a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados que restituyan al Estado argentino $684.000 millones. El monto corresponde al decomiso calculado por la maniobra de direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó el 13 de agosto a las 9:30 como el plazo final para realizar el depósito en una cuenta del Banco Nación. Como en las próximas dos semanas rige la feria judicial, esos días no cuentan como hábiles. Si no cumplen con la intimación, se procederá al remate de bienes ya embargados, entre ellos propiedades, cuentas bancarias, vehículos y sociedades comerciales.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elaboraron un inventario detallado de los activos embargados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro Báez y los otros acusados. En el caso de la expresidenta, figuran departamentos en Recoleta, más de 20 propiedades en Santa Cruz, cuentas bancarias, inversiones bursátiles, y las acciones de sociedades como Hotesur, Los Sauces y COMASA. Parte de estos bienes fueron transferidos a sus hijos en 2016, cuando comenzaron las investigaciones judiciales, pero igualmente quedaron alcanzados por medidas cautelares.
Según la Justicia, el perjuicio al Estado se dio mediante licitaciones direccionadas en Santa Cruz, donde el 80% de la obra vial fue adjudicada a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. Gran parte de esas obras nunca se concretaron o se hicieron con sobreprecios promedio del 20%.
Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Su patrimonio, según su última declaración jurada al dejar la vicepresidencia en 2023, asciende a $249 millones, de los cuales más de $170 millones corresponden a inversiones en acciones de empresas internacionales como Apple, Microsoft y Visa. No declaró inmuebles a su nombre, pero sí “derechos reales de usufructo” sobre dos propiedades: su exdepartamento en Recoleta y su casa en El Calafate.
El caso Vialidad es la primera condena firme que enfrenta Cristina Kirchner en la Justicia. Aunque aún resta la instancia de revisión en la Corte Suprema, el tribunal decidió avanzar con el decomiso en cumplimiento del fallo y para garantizar la reparación económica al Estado.
Mientras tanto, los bienes embargados también están siendo investigados en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se analiza el presunto lavado de dinero mediante el alquiler de propiedades y habitaciones de hoteles a empresarios contratistas del Estado, como Báez y Cristóbal López.
La situación patrimonial de la familia Kirchner ha sido objeto de una evolución significativa desde 2003 hasta 2016, con múltiples operaciones inmobiliarias, adquisiciones de empresas, hotelería y administración de propiedades. Ahora, una parte de ese patrimonio podría ser liquidada para cubrir el histórico decomiso ordenado por la Justicia.
