El Tribunal Oral Federal N.º 2 intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados por corrupción en la causa Vialidad a reintegrar $684.000 millones al Estado. El monto corresponde al dinero malversado por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz. Si no pagan antes del 13 de agosto, se rematarán sus bienes.
CRISTINA CONDENADA16/07/2025
Juan Cruz Gorosito
La Justicia federal dio un paso contundente en la ejecución de la condena por corrupción en la emblemática causa Vialidad: ordenó a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados que restituyan al Estado argentino $684.000 millones. El monto corresponde al decomiso calculado por la maniobra de direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó el 13 de agosto a las 9:30 como el plazo final para realizar el depósito en una cuenta del Banco Nación. Como en las próximas dos semanas rige la feria judicial, esos días no cuentan como hábiles. Si no cumplen con la intimación, se procederá al remate de bienes ya embargados, entre ellos propiedades, cuentas bancarias, vehículos y sociedades comerciales.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elaboraron un inventario detallado de los activos embargados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro Báez y los otros acusados. En el caso de la expresidenta, figuran departamentos en Recoleta, más de 20 propiedades en Santa Cruz, cuentas bancarias, inversiones bursátiles, y las acciones de sociedades como Hotesur, Los Sauces y COMASA. Parte de estos bienes fueron transferidos a sus hijos en 2016, cuando comenzaron las investigaciones judiciales, pero igualmente quedaron alcanzados por medidas cautelares.
Según la Justicia, el perjuicio al Estado se dio mediante licitaciones direccionadas en Santa Cruz, donde el 80% de la obra vial fue adjudicada a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. Gran parte de esas obras nunca se concretaron o se hicieron con sobreprecios promedio del 20%.
Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Su patrimonio, según su última declaración jurada al dejar la vicepresidencia en 2023, asciende a $249 millones, de los cuales más de $170 millones corresponden a inversiones en acciones de empresas internacionales como Apple, Microsoft y Visa. No declaró inmuebles a su nombre, pero sí “derechos reales de usufructo” sobre dos propiedades: su exdepartamento en Recoleta y su casa en El Calafate.
El caso Vialidad es la primera condena firme que enfrenta Cristina Kirchner en la Justicia. Aunque aún resta la instancia de revisión en la Corte Suprema, el tribunal decidió avanzar con el decomiso en cumplimiento del fallo y para garantizar la reparación económica al Estado.
Mientras tanto, los bienes embargados también están siendo investigados en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se analiza el presunto lavado de dinero mediante el alquiler de propiedades y habitaciones de hoteles a empresarios contratistas del Estado, como Báez y Cristóbal López.
La situación patrimonial de la familia Kirchner ha sido objeto de una evolución significativa desde 2003 hasta 2016, con múltiples operaciones inmobiliarias, adquisiciones de empresas, hotelería y administración de propiedades. Ahora, una parte de ese patrimonio podría ser liquidada para cubrir el histórico decomiso ordenado por la Justicia.
Mario Villar retiró el planteo para que la ex presidenta fuera trasladada a una cárcel, aunque insistió en cambiarle el domicilio y mantenerle la tobillera electrónica.
Los fiscales Luciani y Mola apelaron la detención de la ex presidenta en Monserrat y sostuvieron que debe cumplir la condena en una unidad penitenciaria.
El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó el pedido de la defensa de la exmandataria para flexibilizar el régimen de visitas en su arresto domiciliario. Cristina Fernández de Kirchner presentó una lista reservada de personas autorizadas, mientras insiste en que las condiciones son arbitrarias y violatorias de sus derechos.
La Justicia federal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puede usar el balcón de su departamento en Constitución durante su prisión domiciliaria, siempre que no altere la paz vecinal. El Tribunal también ordenó colocarle una tobillera electrónica para su control.
El ex secretario de Obras Públicas que llegó con los bolsos al convento de General Rodríguez recibió una pena de seis años de prisión. Es uno de los nueve condenados.
Tras la decisión judicial que dictó prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el peronismo reorganizó su estrategia y convocó a una movilización este miércoles a las 14:00 en Plaza de Mayo. Gobernadores, legisladores y dirigentes del PJ definieron la medida en una reunión urgente en la sede partidaria, en rechazo a lo que califican como una condena injusta ratificada por la Corte Suprema.
