El ex concejal libertario Pablo López imputado por violencia física, psicológica y económica contra una mujer

El ex concejal libertario Pablo López fue imputado por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja. El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, le atribuyó la comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

El acusado asistió al acto de imputación acompañado de su abogado defensor, y se abstuvo de declarar y no prestó consentimiento para la realización del examen psicológico, en el ejercicio de los derechos que le asisten.

La investigación se inició a partir de la denuncia de su ex pareja, quien relató hechos de violencia física, psicológica, económica y sexual ocurridos entre 2019 y 2025, en el marco de una relación sentimental y laboral con el imputado.

Como se sabe sobre el tema se conocieron grabaciones en la que se lo escuchaba sostener un diálogo con la denunciante.

El fiscal Martearena sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para formular la imputación en esta etapa del proceso, tales como declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones.

En relación con los hechos de índole sexual denunciados, el Fiscal indicó que se continuará con la producción de pruebas, incluyendo pericias, testimonios y el análisis de dispositivos electrónicos, para determinar la calificación legal correspondiente y una eventual ampliación de la imputación.

Cronología e impacto

La situación judicial del exconcejal salteño se profundiza tras ser imputado  en el marco de la denuncia presentada por su expareja. La causa también incluye denuncias por extorsión sexual y retención de haberes, lo que genera un fuerte impacto político e institucional.

Cronología del caso

17 de julio: Se difundieron audios en los que el dirigente exigía favores sexuales a cambio de devolver parte del salario retenido a su expareja. El escándalo desató repercusiones inmediatas.

18 de Julio: La Libertad Avanza resolvió desafiliarlo, marcando distancia del caso.

1 de agosto: El Concejo Deliberante de Salta rechazó su renuncia y lo expulsó, remarcando la gravedad institucional del hecho.

Septiembre: La Fiscalía amplió las imputaciones y la denunciante declaró ante la Justicia, aportando un testimonio que conmovió por la descripción de episodios de violencia física y psicológica.

El caso expuso una vez más la persistencia de la violencia de género en figuras públicas y abrió un debate sobre los mecanismos de control y sanción en los espacios de poder. La expulsión del Concejo fue interpretada como un intento de resguardar la institucionalidad, pero dejó en evidencia la falta de protocolos preventivos en la política local. El relato de la denunciante, sumado a la difusión de los audios, consolidó la percepción social de que se trató de una relación marcada por la manipulación, la violencia y el abuso de poder.