El organismo presentó ante la Justicia Federal un pedido de investigación penal contra la empresa transportista de energía eléctrica TRANSNOA S.A. La denuncia apunta a posibles delitos de fraude, entorpecimiento de servicios públicos, abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
PROVINCIA07/10/2025
Juan Cruz Gorosito
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Federal contra la empresa TRANSNOA S.A., concesionaria del transporte de energía eléctrica en la región, por la presunta comisión de delitos vinculados al fraude, entorpecimiento de los servicios públicos, abandono de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El presidente del Ente, Carlos Saravia, explicó que la decisión se basa en las graves deficiencias detectadas en la prestación del servicio eléctrico, que podrían constituir un desbaratamiento de derechos acordados y afectar directamente la normal provisión de energía en la provincia.
“La empresa concesionaria habría incurrido en un desbaratamiento de derechos acordados, afectando la normal prestación del servicio de transporte de energía eléctrica”, sostuvo Saravia.
Según el funcionario, los problemas estructurales y la falta de mantenimiento no solo comprometen la estabilidad del sistema eléctrico, sino que impactan en servicios esenciales como el agua potable y las comunicaciones, cuya interrupción pone en riesgo el bienestar cotidiano de los usuarios.
Saravia advirtió además que la falta de inversión podría representar un abandono de personas electrodependientes, un grupo especialmente vulnerable que requiere un suministro continuo de energía para su supervivencia.
El titular del Ente agregó que la denuncia también incluye la posible omisión u ocultamiento de información clave por parte de la transportista, hechos que podrían configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público y derivar incluso en la rescisión del contrato de concesión.
“TRANSNOA recibe miles de millones de pesos en concepto de tarifa, recursos que los usuarios pagan con esfuerzo. Sin embargo, esa recaudación no se traduce en mejoras ni en obras de infraestructura. Lo que debería invertirse en la calidad del servicio termina desviado hacia otros fines. Eso no es negligencia: es una estafa que perjudica al Estado y a los usuarios”, enfatizó Saravia.
La investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la administración y prestación del servicio de transporte eléctrico por parte de TRANSNOA S.A.
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El proyecto plantea, como lo de años anteriores, el perfil federal y participativo. Las reuniones continuarán con intendentes y senadores de toda la provincia, además de la presentación en la Legislatura.
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