Juan Cruz Gorosito
Los gremios docentes y no docentes universitarios comenzaron este miércoles un paro total de actividades por 72 horas, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación aún se encuentra demorada. La medida se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre y afecta a todas las universidades nacionales del país.
“Ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional, la federación exige la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresaron desde la Conadu Histórica.
Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) alertó que, si la gestión de Javier Milei “no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido. Además, el Frente Sindical Universitario anunció que judicializará el reclamo por la apertura de paritarias.
Entre los principales puntos del reclamo, los gremios exigen el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, la convocatoria urgente a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el pago de las sumas adeudadas, así como un incremento del presupuesto destinado a infraestructura universitaria.
La Ley 27.795 fue promulgada el pasado 21 de octubre, tras la aprobación del Congreso y el rechazo de los vetos presidenciales. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias correspondientes, según lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629.
El texto legal establece una actualización automática de los presupuestos universitarios conforme a la inflación, una recomposición salarial remunerativa y bonificable para docentes y no docentes, la convocatoria mensual a paritarias nacionales, y el fortalecimiento de programas de becas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Con las universidades públicas paralizadas por tres días, el conflicto abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que reclama el cumplimiento de una ley votada y promulgada pero aún sin ejecución efectiva.
