Juan Cruz Gorosito
A pocos días de que se cumpla una década desde la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional pidió formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria y que la dirigente social continúe cumpliendo su condena en un establecimiento penitenciario común.
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que recordó que Sala fue condenada con sentencia firme a 15 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. Según el planteo oficial, la modalidad de arresto domiciliario “no resulta compatible” con la gravedad de los hechos que fueron probados en sede judicial.
En el escrito elevado al organismo internacional, el Estado argentino rechazó los argumentos de la defensa vinculados a un supuesto hostigamiento judicial y aseguró que no existen elementos que justifiquen un trato diferenciado. Además, se incorporó documentación que daría cuenta de presuntos incumplimientos de las condiciones del arresto domiciliario, entre ellos un cambio de domicilio sin autorización previa, situación que habría activado alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la medida dispuesta por la CIDH en 2017, en el marco de una cautelar, terminó convirtiéndose en un privilegio que mantiene a Sala fuera del sistema penitenciario, pese a que su condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, remarcaron que el país “cumple con sus compromisos internacionales”, pero advirtieron que ello no implica convalidar beneficios que consideraron indebidos.
Sala cumplió en enero dos tercios de su condena, lo que la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional. Actualmente permanece internada en un hospital de la ciudad de La Plata, mientras su defensa continúa denunciando irregularidades en el proceso judicial y sostiene que la dirigente social es víctima de un trato excepcionalmente riguroso por parte del sistema judicial argentino.
