La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, como homicidios, robos violentos y abusos sexuales. También contempla sanciones alternativas para delitos con penas menores a 10 años, entre ellas servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento y reparación del daño.
El texto prevé la creación de institutos especializados para jóvenes condenados, con personal capacitado en niñez y adolescencia, garantizando educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Además, prohíbe la convivencia con detenidos adultos y habilita mecanismos como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en casos leves.
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma al señalar que el régimen vigente, sancionado en 1980, no brinda respuestas adecuadas ni a las víctimas ni a los jóvenes en conflicto con la ley. Desde la oposición cuestionaron la medida por considerar que no aborda de manera integral problemáticas como la exclusión social, la salud mental y los consumos problemáticos.
El proyecto también incorpora una partida presupuestaria superior a los $23.700 millones para su implementación, tras reclamos de gobernadores que exigían garantías de financiamiento. Ahora la iniciativa deberá ser tratada en el Senado.
