Juan Cruz Gorosito
La causa judicial que investiga a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de tributos y aportes previsionales avanzará esta semana con una serie de indagatorias ordenadas por el juez nacional en lo Penal Económico, Diego Amarante.
El proceso comenzará el lunes con las declaraciones de Cristian Malaspina y Víctor Blanco, ambos funcionarios de la AFA. El 11 de marzo será el turno del tesorero Pablo Toviggino y, finalmente, el jueves 12 deberá presentarse el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente. Según el planteo del ente recaudador, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales establecidos.
En concreto, se detectaron retenciones vinculadas al IVA, el impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que, según la denuncia, no habrían sido depositadas dentro de los 30 días posteriores a su vencimiento.
El monto inicialmente investigado ascendía a $7.593.903.512,23, aunque posteriormente se agregaron otros $11.759.643.331,62, lo que elevó la cifra total bajo análisis a más de $19.300 millones.
Desde ARCA sostienen que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En ese sentido, remarcaron que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios del contribuyente, sino dinero que pertenece al Estado desde el momento de la retención”, por lo que su no ingreso implicaría una indebida apropiación de caudales públicos.
La legislación vigente establece penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite total o parcialmente los tributos retenidos dentro del plazo legal, siempre que el monto supere los $100.000 mensuales.
Entre las pruebas valoradas por el juez Amarante figura un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones, mientras que durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, se detectó la constitución de depósitos a plazo fijo en pesos y dólares.
También se incorporaron informes bancarios sobre acreditaciones en cuentas de la entidad y movimientos financieros relevantes.
Otro elemento considerado en la causa fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA, quien explicó que las máximas autoridades de la institución son el presidente, el secretario y el tesorero, responsables de firmar los estados contables.
Bouvet indicó además que su área confecciona las declaraciones juradas mediante el sistema SIRE y que los vencimientos se informan por correo electrónico a las autoridades. Según declaró, luego envía un cuadro con la deuda acumulada y, tras ello, recibe la instrucción de efectuar los pagos.
Por su parte, la defensa de Tapia sostiene que no existió delito y argumenta que la deuda fue cancelada, por lo que solicitó la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo y ratificó la citación para esta semana.
