Juan Cruz Gorosito
El Congreso de la Nación volvió a poner en agenda el uso de celulares en cárceles, a partir de un proyecto de ley que propone su prohibición total en todos los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Silvana Giudici, cuenta con el respaldo de más de 50 legisladores y apunta a frenar el crecimiento de delitos organizados desde el interior de los penales.
El proyecto plantea una modificación de la Ley 24.660, que regula el régimen de ejecución de la pena, incorporando un nuevo artículo que prohíbe la tenencia, uso, comercialización o ingreso de dispositivos móviles o inalámbricos por parte de personas privadas de la libertad. La restricción incluye teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier otro equipo con acceso a redes de comunicación.
Como única excepción, se contempla el uso de equipamiento informático autorizado en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.
Además, la propuesta endurece el régimen disciplinario al incorporar como faltas graves la posesión, ocultamiento o facilitación de estos dispositivos, así como los intentos de acceder a internet por fuera de los sistemas habilitados.
Desde el entorno de la autora sostienen que la iniciativa busca cerrar una brecha que, según afirman, se amplió durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas. De acuerdo a este diagnóstico, esa medida derivó en un aumento de estafas, amenazas y extorsiones coordinadas desde las cárceles.
El debate tomó mayor visibilidad tras el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino que se quitó la vida luego de ser víctima de una extorsión digital. La maniobra, según la investigación judicial, fue organizada desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.
La causa, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, permitió reconstruir el funcionamiento de la red: creación de identidades ficticias, envío de audios intimidatorios, suplantación de autoridades policiales y exigencias de transferencias de dinero bajo amenazas. Los fondos eran canalizados a cuentas de terceros y luego fragmentados para dificultar su rastreo.
Para los impulsores del proyecto, este tipo de casos evidencia la necesidad de establecer límites más estrictos. En ese sentido, sostienen que la utilización de celulares por parte de internos facilita la continuidad de actividades delictivas incluso desde el encierro.
La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, en un contexto donde crece la presión política y social para reforzar los controles dentro del sistema penitenciario y limitar la operación de redes criminales desde las cárceles.
