Axel Morales
Un clima de máxima tensión se vive en la peatonal Florida, entre San Martín y Urquiza, donde funciona la emblemática Feria Regional. Tras más de 40 años de historia, los comerciantes recibieron una orden de desalojo que les exige desalojar las instalaciones en menos de dos semanas, lo que desató protestas y una profunda angustia entre las familias que dependen de este espacio.
El foco del conflicto radica en la validez de los acuerdos vigentes. Según denunciaron los feriantes, hace apenas ocho meses firmaron la renovación de sus contratos y pagaron los correspondientes "derechos de llave" por un periodo de tres años. Sin embargo, la noticia de que el predio habría sido vendido a un nuevo propietario cambió las reglas de juego: la orden de desalojo fija como fecha límite el 26 de mayo.
"Crié a mis siete hijos acá y ahora no sé qué va a pasar", relató una comerciante con tres décadas en el lugar, reflejando el drama de los más de 60 locales afectados.
Ante la falta de diálogo con los propietarios, los puesteros recurrieron a la Justicia presentando una medida cautelar para frenar el desalojo. El abogado de los feriantes sostuvo que se trata de una situación de abuso contractual:
Contratos vigentes: Aseguran que legalmente tienen derecho a permanecer en el lugar hasta enero de 2028.
Irregularidades: Los trabajadores denunciaron años de pagos sin facturación y una repentina "suelta de mano" por parte de quienes administraban el predio.
Mientras la incertidumbre crece, los feriantes mantienen un estado de asamblea y protesta permanente en las puertas de la feria. La comunidad salteña sigue de cerca el caso, ya que se trata de un punto neurálgico del comercio regional que, de concretarse el cierre, dejaría a más de 50 familias sin su única fuente de ingresos en un contexto económico crítico.
