El Gobierno oficializó un recorte de más de $78 mil millones en Educación y suspendió obras en universidades

En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte presupuestario superior a los $78.768 millones en distintas áreas educativas y frenó transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades públicas de todo el país.
PAIS13/05/2026Axel MoralesAxel Morales

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La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza programas vinculados a alfabetización, infraestructura escolar, becas estudiantiles y salarios docentes.

El ajuste más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción superior a los $35.000 millones. A esto se sumó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo que permitía equilibrar las diferencias salariales entre las provincias.

Además, el Ejecutivo dispuso fuertes recortes en partidas destinadas a infraestructura escolar y equipamiento educativo. En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR dejó de recibir transferencias por más de $48.000 millones, afectando programas tecnológicos y de contenidos educativos.

La decisión también impactó sobre el sistema universitario nacional, ya que quedaron suspendidos fondos previstos para obras en 13 universidades públicas. Entre las instituciones alcanzadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre otras casas de estudio que registraron millonarias reducciones presupuestarias.

El anuncio se conoció a pocas horas de la movilización convocada por estudiantes, docentes, rectores y organizaciones gremiales en defensa de la universidad pública y en rechazo al ajuste impulsado por la administración del presidente Javier Milei.

Desde distintos sectores universitarios advirtieron que la reducción de partidas podría afectar el funcionamiento académico, el avance de obras y el sostenimiento de programas educativos en todo el país.

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