Juan Cruz Gorosito
El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que ordena cancelar en un plazo máximo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad a través de PAMI e Incluir Salud.
La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que la resolución judicial continuará vigente hasta que la Cámara Federal se pronuncie sobre el planteo realizado por el Estado nacional.
La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a distintas instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos cordobeses.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Estado nacional se encuentra “en mora” respecto al cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores. Además, señaló la existencia de un “riesgo inminente” para las personas con discapacidad ante una eventual interrupción de tratamientos y servicios esenciales.
El fallo judicial ordena al Estado regularizar las deudas en un máximo de 72 horas y establece una vigencia de seis meses para la cautelar, o hasta que exista una sentencia definitiva en la causa.
La medida busca garantizar la continuidad de tratamientos médicos, medicamentos y prestaciones básicas destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En paralelo, la controversia se da en un contexto de preocupación por otras decisiones oficiales vinculadas al sector. Entre ellas, la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno eliminó subsidios destinados a empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer.
