Juan Cruz Gorosito
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, su esposa Roxana González Domínguez y su cuñada, Josefina González Domínguez por el delito de fraude a la administración pública.
Fayón Medina, quien se desempeñó como presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario” (Panadería Social) entre abril de 2021 y enero de 2024, está acusado en calidad de autor, mientras que sus familiares fueron imputadas como partícipes necesarias del delito.
La intervención de la UDEC se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la investigación, el entonces presidente del organismo habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculados a su grupo familiar, configurando una situación de conflicto de intereses.
De acuerdo con la acusación, Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez se habrían incorporado como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro.
Las contrataciones efectuadas con Roxana González Domínguez alcanzaron un monto de $48.833.755,34, mientras que las realizadas con Josefina González Domínguez ascendieron a $7.739.180, conforme surge de la documentación contable incorporada al expediente.
La Fiscalía sostiene que parte de los insumos facturados no habrían sido efectivamente ingresados al organismo ni fueron registrados en stock, generando un importante perjuicio económico. El informe contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados.
Asimismo, se verificaron diferencias significativas entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. Entre ellos se menciona la adquisición de margarina premium de 10 kilogramos a valores considerablemente superiores a los habituales, con un perjuicio estimado en más de 3,3 millones de pesos.
También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción de la panadería, sin que el excedente se encontrara debidamente registrado ni en stock. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche, valuados en millones de pesos.
Según la hipótesis fiscal, Fayón Medina autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, mientras que las proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Para la Fiscalía, el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración inherentes al cargo.
Tras la presentación de la acusación, de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en el control de la acusación, dar intervención a las partes y convocar a la audiencia correspondiente, donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.
