Juan Cruz Gorosito
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov durante los alegatos de cierre del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ambos profesionales fueron señalados por la acusación por su intervención en la atención del exfutbolista durante sus últimos días.
Durante su exposición, Ferrari sostuvo que Luque fue uno de los principales responsables de la atención médica de Maradona. Según el fiscal, el neurocirujano no profundizó los estudios recomendados, no actualizó la historia clínica ni gestionó una internación en un centro especializado, pese a la complejidad del estado del paciente.
En relación con Cosachov, la fiscalía le atribuyó haber avalado el retiro de los acompañantes terapéuticos y no haber actuado frente a signos compatibles con una insuficiencia cardíaca. La acusación también sostuvo que el equipo médico desatendió señales de alarma, como la hinchazón y la retención de líquidos que presentaba el exjugador.
Los fiscales cuestionaron la decisión de continuar con la internación domiciliaria en una vivienda de Tigre. Ferrari aseguró que el lugar no contaba con elementos básicos para responder ante una emergencia médica, entre ellos un desfibrilador, un botiquín de primeros auxilios y una ambulancia. Además, sostuvo que la muerte era evitable y que Maradona atravesó una agonía prolongada antes de fallecer, el 25 de noviembre de 2020.
Iribarren remarcó que los antecedentes médicos del exfutbolista requerían una evaluación integral y un seguimiento acorde con sus necesidades. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que las explicaciones de los acusados no lograron revertir las pruebas presentadas durante el debate.
El pedido de penas incluyó diez años de prisión para Nancy Forlini, cinco para Carlos Díaz y cuatro para Ricardo Almirón y Mariano Perroni. En cambio, la fiscalía no solicitó una condena para el médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que actuaba como interconsultor y no tenía capacidad de decisión sobre la organización general del tratamiento.
El juicio continúa con los alegatos de las partes. Los pedidos de prisión para Luque y Cosachov corresponden a la postura de la fiscalía; será el tribunal el que deberá determinar las responsabilidades penales de los profesionales acusados.
