El Senado aprobó por unanimidad una ley que da carácter permanente a las pensiones y prestaciones por discapacidad

El Senado de la Nación sancionó el jueves 19 de noviembre la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El proyecto, que ya contaba con la aprobación de Diputados, obtuvo 71 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones. Con la sanción, las principales garantías previstas durante la emergencia en discapacidad pasan a integrar un régimen permanente.
Para quienes cobran una pensión no contributiva por discapacidad, la ley mantiene el monto en el 70 % de la jubilación mínima, con actualización automática según el régimen previsional. También permite conservar la prestación al acceder a un empleo registrado o trabajar como monotributista, siempre que los ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para el otorgamiento se tendrán en cuenta, entre otros requisitos, la residencia, los ingresos y la situación socioeconómica de la persona solicitante.
En materia de salud, la norma garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención que cubra las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, entre ellas los tratamientos y servicios de rehabilitación. También establece que los presupuestos nacionales deberán prever los recursos necesarios para sostener la cobertura y que el monto por beneficiario no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior. Si las partidas resultan insuficientes, el Poder Ejecutivo podrá adecuarlas para dar continuidad a las prestaciones.
La Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad coordinarán el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas del sector, con participación de las provincias. La ley también contempla la capacitación del personal de instituciones y prestadores, auditorías periódicas sobre las pensiones y la publicación de datos accesibles sobre el uso del presupuesto, los aranceles y la cantidad de beneficiarios.
Para las instituciones que brindan servicios de rehabilitación, atención y acompañamiento, la norma mantiene un arancel unificado y su actualización automática. Además, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pago de las compensaciones pendientes, uno de los reclamos de los prestadores.



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