Facultades delegadas y privatizaciones: los puntos clave que siguen en la Ley Ómnibus tras los últimos cambios

La Cámara de Diputados continuaba este jueves debatiendo la modificada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que a pesar de no contar ya con varios de los cambios que proponía en su versión original, todavía mantiene algunas reformas que el Gobierno considera fundamentales.

De los 664 artículos que tenía el texto que el presidente Javier Milei envió a fines de diciembre pasado, poco después de haber asumido, luego de las múltiples conversaciones y acuerdos con la oposición, quedaron tan solo 224, menos de la mitad. En ese contexto, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei - hermana y persona de extrema confianza del presidente - llegó al Congreso para seguir de cerca las exposiciones de los distintos legisladores, mientras se acerca el momento de la votación.

 La funcionaria nacional llegó acompañada del vocero presidencial, Manuel Adorni, y se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras en el recinto los oradores continúan argumentando durante la segunda jornada de tratamiento de la Ley que el gobierno considera clave para la gestión iniciada hace menos de dos meses.

En el paquete de proyectos, por ejemplo, aún se incluye el anexo con una larga lista de empresas públicas a privatizar, ya sea de manera total o parcial, y se propone declarar la emergencia en varias materias, lo cual le daría al Poder Ejecutivo facultades especiales para gestionar sin tener que pasar por el Congreso.

Las compañías que se venderían si sanciona la iniciativa son: Administración General de Puertos S.E.; Aerolíneas argentinas S.A.; Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda S.E.; Contenidos Públicos S.E.; Corredores Viales S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.; Dioxitek S.A.; Educ.Ar S.E.; Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.; Energía Argentina S.A.; Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.; Fabricaciones Militares S.E.; Ferrocarriles Argentinos S.E.; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.; Intercargo S.A.U.; Nación Bursátil S.A.; Pellegrini S.A.; Nación Reaseguros S.A.; Nación Seguros de Retiro S.A.; Nación Servicios S.A.; Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.; Polo Tecnológico Constituyentes S.A.; Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.; Radio y Televisión Argentina S.E.; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.; Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.; Télam S.E.; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.; Operadora Ferroviaria S.E.; Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.; Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

En tanto, con el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., el Estado deberá quedarse con la participación mayoritaria de las acciones, pero podrá vender el resto.

En cuanto a las facultades delegadas, aunque se achicó el plazo de dos a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.

Esto le dará al Poder Ejecutivo la posibilidad de contar con “facultades legislativas” para avanzar con diferentes medidas en cada una de las áreas mencionadas, sin tener que cumplir con los tiempos y los procedimientos parlamentarios.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se unificarán en el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; desaparecería el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Respecto de la situación del Estado, se conservan los artículos que ordenan una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.

En este sentido, se indica, por ejemplo, que “todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos”, para lo cual se creará la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional.

Fuente Infobae