Demanda contra el Estado y AstraZeneca por la vacuna del COVID: una mujer reclama más de $90 millones

La damnificada sostiene que sufrió Síndrome de Guillain Barre. También pide la inconstitucionalidad de la Ley de Vacunas, que le dio inmunidad a las empresas para estos juicios.

PAIS 15/05/2024 Juan Cruz Gorosito Juan Cruz Gorosito
Salud

Los tribunales argentinos ya recibieron la primera demanda pública contra la vacuna AstraZeneca, que hace unas semanas reconoció frente a un tribunal británico que su vacuna del COVID-19 puede causar efectos secundarios poco comunes. La protagonista es una mujer que demandó por daños y perjuicios a la firma AstraZeneca y al Estado Nacional y reclama una suma millonaria: sostiene que inmediatamente después de haberse dado la vacuna de esa marca sufrió Síndrome de Guillain Barre, un trastorno que afecta el sistema inmunitario del organismo, ataca los nervios y puede provocar la paralización de todo el cuerpo.

Aunque se difundió recién ahora, el reclamo comenzó mucho antes de que en Europa se conociera el reconocimiento de AstraZeneca y el retiro de partidas de su circulación. El reclamo de Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, se inició primero en un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud. Sin conseguir respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto, donde además se busca que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el COVID por las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.

El abogado Pablo Roca, representante de la mujer, sostuvo: “Acá hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca”. La demanda reclama resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.

El caso recayó ante el juez federal de Rio Cuarto Carlos Ochoa -del mismo apellido que la mujer víctima, pero sin relación-. El magistrado corrió vista a la fiscalía para que opine sobre la competencia de la causa. Fuentes judiciales indicaron a este medio que se aguarda esa respuesta a la hora de definir el rumbo del expediente.

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