Juan Cruz Gorosito
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra José Miguel Plaza, acusado por la muerte de un niño de cinco años en un siniestro vial ocurrido el pasado 5 de abril en la localidad de La Merced.
El representante del Ministerio Público Fiscal formuló acusación contra Plaza como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por conducir con una inhabilitación vigente y por exceder en más de 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. Además, le atribuyó el delito de lesiones culposas por las heridas sufridas por la madre del menor.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cuando una mujer cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen por la senda peatonal junto a su hijo, quien se desplazaba en bicicleta. En esas circunstancias, ambos fueron embestidos por una camioneta conducida por el imputado. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones gravísimas que provocaron su fallecimiento horas después, mientras que su madre resultó con diversas heridas.
La acusación sostiene que Plaza circulaba a aproximadamente 72,75 kilómetros por hora en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 30 kilómetros por hora. La pericia accidentológica concluyó que, de haber respetado el límite establecido, el conductor habría tenido posibilidades de detener el vehículo antes del punto de impacto y evitar el siniestro.
Otro de los agravantes señalados por la Fiscalía es que el acusado se encontraba legalmente inhabilitado para conducir, debido a una sanción administrativa vigente impuesta meses antes, luego de haber sido detectado manejando con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
Para sustentar la acusación, el fiscal incorporó declaraciones testimoniales, pericias accidentológicas, análisis de registros fílmicos, el informe de autopsia, historias clínicas, estudios toxicológicos y otras pruebas que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, reúnen los elementos suficientes para que la causa sea debatida en juicio.
El caso generó una profunda conmoción en La Merced, ya que la camioneta involucrada pertenece al intendente Javier Wayar y era conducida por José Miguel Plaza, quien mantenía un vínculo laboral con el municipio. Tras el hecho se produjeron manifestaciones de vecinos que reclamaron justicia y cuestionaron la situación institucional del jefe comunal.
