En la sexta jornada del juicio contra Patricia Argañaraz, Ana Cerezo, Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi, se escucharon los testimonios de exempleados de la Agremiación Docente Provincial y del fideicomiso investigado. También declararón policías y peritos contables que analizaron las maniobras denunciadas
JUDICIALES20/11/2024
Juan Cruz Gorosito
En la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, este martes se lelvo a cabo la sexta jornada del juicio oral y público contra los exdirigentes de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, Ana María Cerezo, Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y acusa a la exsecretaria general de la Asociación Docente Provincia de Salta (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, y a la extesorera, Ana María Cerezo, de administración fraudulenta y estafas reiteradas, con un total de 29 hechos atribuidos en concurso real y en calidad de coautoras. A Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi los acusa de haber tenido una participación esencial en los hechos de administración fraudulenta, en calidad de partícipes necesarios.
En la jornada de hoy, prestaron testimonio exempleados de la ADP y del fideicomiso objeto de la investigación. También declararón efectivos policiales que participaron en las diligencias investigativas y peritos contables que analizaron la documentación financiera involucrada en el caso.
La Fiscalía sostiene que los acusados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la organización. Entre las maniobras denunciadas, se encuentran la emisión de facturas y documentos falsificados, utilizados para justificar pagos y desvíos de dinero hacia fines personales. Las investigaciones de la UDEC, apoyadas en auditorías internas y del Gabinete de Delitos Económicos Complejos, revelaron que estos fondos se habrían destinado a compras y gastos ajenos a la actividad gremial, tales como viajes, adquisición de vehículos y otros gastos personales.
Según los investigadores, Patricia Argañaraz, en su rol de secretaria general, tenía el control sobre la administración de los recursos y autorizaba los gastos cuestionados, decidiendo la asignación de fondos hacia cuentas personales. Ana María Cerezo, como secretaria adjunta, habría sido su principal colaboradora en estas operaciones, poniendo su firma en varios de los documentos que validaban los pagos y transferencias. Raúl Argañaraz, familiar de la exsecretaria general, habría participado gestionando los documentos falsos y manipulando informes financieros para encubrir los desvíos. Por su parte, Nicolás Zissi actuaba como intermediario en la aprobación de cuentas y transacciones sospechosas, respaldando los gastos mediante documentación apócrifa.
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