Redacción
ras un nuevo allanamiento realizado por la Dirección General Impositiva (DGI), en la causa que investiga un caso de explotación laboral sobre 24 trabajadores de un desarrollo inmobiliario en Tigre, se suma un nuevo detenido: el inversor que estaba prófugo y tenía pedido de captura. De esta manera, un arquitecto, un contratista y dos empresarios salteños, fueron demorados como presuntos responsables de la construcción.
Días atrás tuvo lugar el primer procedimiento en Delta Center, un complejo de lujo, con 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, que se promociona frente a la entrada al Golf de Nordelta, en Rincón de Milberg. Allí, las autoridades descubrieron que las víctimas, en su mayoría provenientes de Salta, vivían en condiciones precarias extremas, no contaban con seguros de salud, tampoco estaban registrados y cumplían jornadas laborales superiores a las 14 horas, sin contar con los descansos obligatorios. Por todo ello, “recibían salarios muy bajos” y “se les restringía la libertad de movimiento”, agregaron fuentes del caso. Dentro de los hechos, se conoció el caso de un obrero que reveló un grave accidente que tuvo con una amoladora y por el cual no pudo recibir la atención sanitaria correspondiente, dado que, según contó, el contratista se lo impidió.
Hasta el momento, las autoridades detuvieron a cuatro personas como presuntos responsables del emprendimiento: dos empresarios de Salta, Carlos Alberto Díaz Chilo y Pablo Gastón Pellegrino; un contratista, Cristian Sajama y el arquitecto y capataz, Walter Jorge Mosca.
Según detalló El Tribuno, tanto Díaz Chilo como Pellegrino, realizaron las inversiones necesarias para embarcar la obra. Chilo, oriundo de Rosario de Lerma, está siendo investigado por la compra de vehículos utilizados por la organización para el traslado de los trabajadores; y Pellegrino está señalado de haber invertido en los proyectos y facilitado la estructura financiera de la organización. Además, trascendió que es un empresario hotelero del Valle de Lerma.
Por otro lado, se encuentra Cristian Sajama como supuesto contratista del emprendimiento. Su nombre figura en un apartado de “Constituciones de Sociedad” del Boletín Oficial salteño, bajo la profesión de comerciante. El arquitecto Walter Jorge Mosca, quien habría mantenido a los trabajadores bajo condiciones precarias extremas, también fue investigado en 2014 por una presunta acusación de lavado de dinero, que incluyó un allanamiento en las oficinas que tenía en Nordelta. Por el caso, el titular de la UIF de aquel momento, había solicitado a la Justicia congelar los bienes del grupo empresario, quienes, a través de las firmas Obras de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA, participaban en los fideicomisos investigados.
En el último operativo realizado por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Aeroportuaria (PFA), el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y otros organismos, bajo la orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, las autoridades policiales secuestraron: tres pistolas, un revólver calibre .38 y cajas de municiones; más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras.
También, planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la obra; y cuatro automóviles, algunos modelos de alta gama.
De los dos procedimientos realizados en los últimos días, participaron la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre. También el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte de la DGI – ARCA; y personal del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El caso se encuentra bajo la lupa del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, junto a la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi. Dentro de los puntos que están siendo investigados, El Tribuno relata posibles nexos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucraban grandes sumas de dinero. Si bien el caso se dio a conocer en las últimas semanas, la primera denuncia se manifestó a mitad de año ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
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