Una exhaustiva investigación encabezada por la Fiscalía de esa ciudad permitió constatar la situación de maltrato. La damnificada es la hija de la propietaria de la vivienda.
JUDICIALES14/05/2025
Redacción
El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio oral y público de la causa seguida en contra de una mujer de 61 años de edad y dos hombres de 44 y 55 años, acusados del delito de privación ilegítima de la libertad, en calidad de coautores. Además a la imputada se le atribuye el delito de coacción, en calidad de autora.
En el requerimiento, el fiscal Vilar Rey ofrece abundante prueba documental que incluye informes policiales, médicos y de trabajadoras sociales, así como muestras fotográficas, actas de declaración testimonial y otros elementos relevantes para la causa.
El 29 de diciembre de 2024, una vecina del barrio Centro de la ciudad de General Güemes denunció que, en el fondo de una vivienda colindante, se podía ver a una mujer atada con cadenas en los pies.
Apenas tomó conocimiento del hecho, la Fiscalía intervino con celeridad y dispuso una serie de medidas , entre ellas una entrevista policial en el domicilio denunciado, donde se logró corroborar la veracidad de la denuncia.
La mujer de 42 años de edad con Síndrome de Down, respondió a las preguntas formuladas por los efectivos policiales y entregó una cadena de más de 1 metro de largo, elemento que fue incorporado a la causa.
La Fiscalía, asimismo, procedió a notificar de manera oportuna a la Asesoría de Menores e Incapaces.
Es la segunda ex presidenta de la historia que va a prisión en democracia. El máximo tribunal rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que la condenó a seis años de prisión por los negociados con Lázaro Báez y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos
Su detención se produjo en allanamientos realizados en una investigación por supuestas amenazas con armas. Se secuestraron más de 1300 dosis de sustancias estupefacientes.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional a Juan Pablo Lambertucci como autor de los delitos de desobediencia judicial y cohecho. Tras la audiencia de imputación, el fiscal Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se revoque el beneficio de arresto domiciliaria que tenía el acusado en el marco de otra causa. Se trata de la acusación por el robo de 142 mil dólares y 7 millones de pesos al comerciante Pedro Piola por el que había sido detenido y beneficiado con la prisión domiciliaria.
Con la declaración de damnificados continuó la tercera jornada del juicio seguido contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de Fundación Zoe, y contra cuatro personas que conformaban el staff de la sucursal que funcionaba en Salta. Todos ellos están imputados por los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.
La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos denunció privilegios y encubrimiento para el exobispo de Orán, que regresó de Roma y permanece alojado en Salta Capital.
El exintendente fue hallado culpable de peculado y recibió dos años de prisión condicional. La causa se inició por denuncias de concejales y la Auditoría General.
