El jefe de la delegación local de ANSeS, Cristian Achaval, denunció que en la Libertad Avanza le requieren un porcentaje de su sueldo a modo de “aporte”. Una situación similar ocurrió con funcionarios kirchneristas en PAMI en Salta y fueron condenados por la Justicia.
POLÍTICA14/06/2025
Redacción
Una grabación que se expuso en El Vocero, revela un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido. La conversación, entre Achaval y Ricardo Ortega, quien cumpliría funciones como recaudador del espacio libertario, deja al descubierto el mecanismo.
Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Durante el diálogo, Ortega asegura que “las chicas” le mandan los recibos de sueldos, y que todos “cobran muy bien”, justificando así el cobro del aporte. Nombra a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cum-pliendo con los pagos. Sobre este último, aclara que “lo renunciaron”.
Otro fragmento relevante del audio señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos ele-vados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos.
Ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta. La revelación del audio provocó un fuerte revuelo interno en el espacio político salteño, aunque ningún referente consultado por el programa radial quiso brindar declaraciones al respecto.
El silencio predominó pese a la gravedad del contenido, que podría configurar una práctica coercitiva incompatible con la ley. El caso pone bajo la lupa la transparencia y legalidad del financiamiento interno del partido libertario, y que va en sintonía con otras denuncias por manejo irregular de fondos de “distintas cajas”, en otros puntos del país y que se hicieron públicas.
La Justicia deberá ahora determinar los pasos a seguir y corroborar si se trata de un delito de acuerdo a los antecedentes.
El exgobernador de Salta cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y denunció un proceso judicial viciado desde sus inicios. Su pronunciamiento se suma a las reacciones del peronismo tras la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad.
Su abogado, Gregorio Dalbón, ya denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática” contra la ex presidenta. Tras el fallo de la Corte Suprema, tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Oral deberá convocarla para que quede detenida. Una opción es que le fije un día para que se presente en Comodoro Py. También se deberá definir su lugar de detención. Se esperan presentaciones de la Fiscalía y la defensa.
Todas las miradas están puestas en la reunión de acuerdo que el máximo tribunal mantendrá en la mañana del martes. El peronismo y los sindicatos están en alerta.
La jueza federal respaldó al fiscal Carlos Amad, quien acusa al diputado de usar recursos del Estado para fines personales. El caso será definido por el Tribunal de Impugnación.
La jueza federal Mariela Giménez rechazó trasladar el expediente a Comodoro Py y ordenó pedir el desafuero del diputado nacional acusado de malversación de fondos.
