Durante la jornada, seis imputados solicitaron ejercer su derecho a declarar. La Unidad Fiscal pidió medidas estrictas para proteger a testigos vulnerables y evitar represalias dentro y fuera del penal.
SALTA05/08/2025
Juan Cruz Gorosito
Este lunes comenzó la audiencia de debate en la causa en la que el Ministerio Público Fiscal acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, a internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y a familiares vinculados de integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal.
La jornada se inició con la lectura del requerimiento a juicio, formulado por la Unidad Fiscal bajo la coordinación del procurador general Pedro García Castiella, e integrada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
La audiencia es presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala VII del Tribunal de Juicio, del Distrito Centro.
Se acusa a los agentes Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, José Luis Alarcón, Marcos Matías Bucotich García y Raúl Antonio Arjona de haber exigido pagos ilegales a internos o a sus familiares (exacciones ilegales agravadas: concusión), de participar en la venta de drogas dentro del penal —actividad agravada por la cantidad de personas involucradas, el lugar de comisión y su rol como guardiacárceles—, y de integrar una asociación ilícita. Por su parte, a Marcelo Olguín Magno, Rubén Antonio Guaymás y Baldomero Darío Córdoba se les imputa la comisión de hechos similares, consistentes en exacciones ilegales agravadas; además, en el caso de los dos primeros, se les atribuye la integración de la asociación ilícita.
Por otro lado, Luis Roberto Castaño, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, Nicole Judith Ana Luna, Yanina Alejandra Chaju, Patricia Daiana Del Rosario Flores, Silvana Valeria Avendaño, María Cristina Galindo, Josué Joel Valencia y Andrea Abigail Alba están acusados de haber participado en la comercialización de estupefacientes dentro del penal —también en forma agravada— y de haber formado parte de la organización criminal.
La Unidad Fiscal solicitó, como cuestión preliminar, medidas para proteger a testigos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mantener la reserva de su identidad, retirar a los imputados de la sala durante sus testimonios, impedir cualquier contacto físico o visual entre testigos e imputados, y adoptar medidas para evitar represalias dentro y fuera del penal, incluso después de finalizada la audiencia.
Aunque varios defensores se opusieron, alegando que sus clientes tienen derecho a escuchar a los testigos, el Tribunal resolvió hacer lugar a la solicitud y ordenar la protección de los testigos. No obstante, permitió que, tras cada declaración, los abogados se reúnan brevemente con sus defendidos para informarles sobre lo ocurrido y, si lo consideran necesario, regresar para formular preguntas al testigo.
Tras la identificación formal de los veinte acusados, seis solicitaron declarar. Uno de los exagentes del Servicio Penitenciario, que se desempeñaba en el taller de carpintería, reconoció haber recibido una transferencia bancaria en su cuenta personal por parte de un interno, pero aseguró que se trató de la devolución por la compra de materiales. Negó tener trato con otros agentes y afirmó no tener acceso a los pabellones.
Francisco Arturo Bisceglia, por su parte, negó todas las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución laboral originada en un enfrentamiento con dos superiores. Aseguró que las pizzas que ingresó al penal eran para el consumo del personal de guardia, no de los internos.
Dos de las mujeres imputadas por participar en la venta de estupefacientes también declararon. Una dijo haber hecho transferencias a su expareja, detenido por violencia de género, para que pudiera recibir comida y ropa. La otra explicó que, si bien la cuenta virtual estaba a su nombre, su hermano detenido también tenía acceso y negó conocer el origen de los movimientos de dinero.
Más tarde, la sala fue desalojada para permitir la declaración de cuatro testigos protegidos, quienes brindaron detalles sobre cómo se cobraban “favores” dentro del penal y el modo en que se comercializaban estupefacientes entre internos y agentes.
Está previsto que en la segunda jornada declare una importante cantidad de testigos.
Desde hoy, médicos, enfermeros y psicólogos, reforzarán el trabajo que vienen realizando los profesionales del centro de salud barrial. Para ello, se instalará un puesto de emergencia.
Continúa el trabajo de guardias preventivas, mientras los equipos del Gobierno provincial y municipal realizan los relevamientos para brindar la ayuda necesaria. El Gobernador instruyó que se conforme un Comité de Crisis para canalizar la asistencia de acuerdo al grado de urgencia.
El subsecretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Ernesto Flores, detalló uno de los incendios más complejos que afectó la capital salteña ayer. El hecho ocurrió en la Ampliación 20 de Junio, donde se registró la quema de 36 casillas.
El presidente de la institución, Alberto Robredo, advirtió que la desorganización por el cambio de prestadores perjudica a pacientes vulnerables y ofreció ayuda para encontrar una salida.
Se registraron dos focos ígneos que fueron extinguidos y se realizaron tareas de enfriamiento en la zona afectada.
A los gremios se presentó una propuesta integral de aumento del 10.5%, además de mejoras en diversos ítems surgidos de las mesas sectoriales. El martes de la próxima semana se retomará el análisis general.
