Un empleado de Tribunales fue condenado a 7 años de prisión por narcotráfico

En un fallo que marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico en la región, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta ha condenado a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del fuero penal, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. La sentencia, dictada por los jueces Marta Snopek, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, también impone penas de 6 años de cárcel a sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.

 Una operación desbaratada en la ruta
 La operación criminal fue frustrada el 21 de diciembre de 2023, cuando un control de rutina de la Gendarmería Nacional en la ruta provincial 5 interceptó una camioneta Kia Sorento. El vehículo, propiedad de una empresa vinculada al propio Aponte, transportaba la droga oculta en compartimentos secretos dentro de los paneles laterales, el techo y el piso. El chofer, Ángel Guido Luna, fue detenido en el acto.

La investigación, liderada por la fiscal subrogante Paula Gallo, no tardó en desenmascarar la red. El análisis del teléfono de Luna reveló la coordinación con Peralta y, en última instancia, con Aponte. La fiscalía demostró que Aponte no solo facilitó el vehículo, sino que supervisó cada etapa del viaje, monitoreó al transportista y llegó al extremo de financiar la defensa legal de Luna para evitar que este cooperara con la justicia.

 Un impacto social que se logró evitar
 Durante el juicio, la fiscal Gallo subrayó el grave impacto social que habría tenido la droga, que tenía como destino final la ciudad de Rosario de la Frontera, una de las zonas más afectadas por el consumo problemático en la provincia. Según los cálculos presentados, los 23 kilos de marihuana equivalían a 438.304 dosis, lo que representa casi 13 dosis por cada habitante de la ciudad.

Gallo remarcó la conexión directa entre el consumo de estupefacientes y los delitos cotidianos: “Detrás de cada delito ordinario como un robo, siempre hay una situación de adicción e ingesta de drogas”, afirmó la fiscal.

 Roles definidos en la estructura criminal
 El Tribunal consideró que Daniel Fernando Aponte, dada su posición y experiencia en el sistema judicial, actuó como el "inversor" y cerebro de la operación. Su conocimiento del sistema le permitió no solo planificar la logística, sino también intentar manipular el proceso judicial desde las sombras.

En la estructura criminal, Darío Antonio Peralta fue señalado como el encargado de supervisar el trayecto, mientras que Ángel Guido Luna cumplió el rol de transportista. La sentencia también incluyó el decomiso de la camioneta Kia Sorento, un claro mensaje sobre la confiscación de bienes adquiridos a través de actividades ilícitas.

Esta condena no solo castiga a los culpables, sino que también refuerza la importancia de la integridad en las instituciones públicas y envía una señal clara de que nadie, sin importar su posición, está por encima de la ley.