Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en la UC1 recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias -que iniciaron el 4 de agosto y se extendieron hasta hoy- la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes como resultado de la investigación realizada.
JUDICIALES15/10/2025
Juan Cruz Gorosito
Luego de diez semanas de audiencias, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, dictaron veredicto respecto de los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares vinculados, acusados de integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal.
El Tribunal impuso penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión a los funcionarios penitenciarios; y penas de entre 1 y 9 años y 6 meses a los internos y familiares involucrados.
En su mayoría, las condenas se corresponden con lo solicitado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador General Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes sostuvieron que quedó acreditado que los acusados actuaron de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para sostener un sistema criminal basado en dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel, aprovechando la vulnerabilidad de los internos, y la perpetración de exacciones ilegales.
Según la acusación, ambos delitos “reportaron un beneficio económico directo a los imputados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente”.
En su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella resaltó la gravedad institucional del caso y la necesidad de garantizar la verdad real frente a los hechos investigados. Advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos, al permitir que algunos funcionarios decidieran —mediante prácticas arbitrarias y extorsivas— quién sufría abusos y quién obtenía privilegios, desnaturalizando la función estatal de ejecución de las penas.
Sostuvo que estas conductas no sólo configuraron delitos económicos y contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad, cuya protección constituye una obligación internacional del Estado. Finalmente, destacó que la organización ilícita contaba con jerarquías y roles definidos, con un funcionamiento persistente en el tiempo, y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.
Las penas:
Fue denunciado por el padre de una adolescente, a la que habría vulnerado en su integridad sexual cuando salía de una fiesta. Se solicitó que permanezca detenido.
El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrido en la localidad de San Lorenzo. Además informaron que un fiscal se apartó porque participa del juicio por la muerte de Jimena Salas y Cordeyro era suegro de un imputado.
Se reanudó la audiencia de debate contra los hermanos Saavedra, imputados por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, durante la cual declararon cuatro testigos.
El avance en la investigación por el trágico fallecimiento de Vicente Osvaldo Cordeyro, exjefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia, continúa bajo la estricta órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras la familia aguarda la entrega del cuerpo para darle sepultura.
