Juan Cruz Gorosito
En una resolución unánime, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en el marco de la causa “Vialidad”, deberá abonar un monto de 684.990.350.139,86 pesos como parte de la sanción por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este decomiso, que se considera una pena accesoria al delito, fue ratificado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en un fallo de 81 páginas.
La cifra corresponde a una actualización del monto fijado originalmente por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, que en su momento había determinado un decomiso de 84.835.227.378,04 pesos. La diferencia en el valor se debe a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ajustarlo por inflación. Esta metodología había sido impugnada por la defensa de la exmandataria, que argumentó que se trataba de una “estimación provisoria” que no había sido debidamente debatida en el juicio.
En su fallo, el tribunal de Casación desestimó estos argumentos, sosteniendo que la actualización no constituía una nueva determinación del monto del decomiso, sino una adecuación del valor a las condiciones económicas actuales. “Lo que se ordenó fue únicamente su adecuación al contexto económico mediante índices técnicos”, explicó el camarista Gustavo Hornos, quien además aclaró que la cuestión del decomiso había sido tratada en todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema.
El decomiso fijado por el TOF y ratificado por la Cámara de Casación está vinculado al delito de fraude a la administración pública, derivado de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El fiscal general Mario Villar defendió la resolución, argumentando que la sanción tiene como objetivo "reparar el equilibrio quebrado y restituir a la comunidad lo indebidamente detraído". La pena fue también respaldada por la Corte Suprema, que ratificó la condena en junio de 2025.
A pesar de los intentos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, de cuestionar la metodología del IPC y la actualización del monto del decomiso, los jueces de Casación coincidieron en que la decisión del tribunal oral había sido correcta. “La actualización no introduce una novedad, sino que simplemente mantiene el valor real del decomiso en relación con la inflación”, añadió Borinsky, uno de los jueces del tribunal.
La resolución también destacó que el derecho de defensa de todas las partes fue respetado en todo momento. Según el juez Diego Barroetaveña, “el amplio marco de discusión” durante el proceso permitió a las partes involucradas intervenir en las etapas decisivas, incluido el análisis de los peritos de parte que dictaminaron sobre la actualización del monto.
Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, cumple actualmente la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento en la calle San José, a la espera de la ejecución de la condena.
El monto final del decomiso, casi 685.000 millones de pesos, se destinará a la restitución del daño causado al erario público por la maniobra de corrupción que involucró el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Con esta decisión, la justicia cierra una etapa del caso “Vialidad” y ratifica las sanciones impuestas a los condenados, entre los cuales se encuentran empresarios y funcionarios vinculados al kirchnerismo.
